JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Maiorini, Elizabeth C/ Ministerio de Salud s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

La actora impugnó su cesantía por abandono de cargo y reclamó reinstalación y salarios caídos. La Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario, anuló la sentencia de alzada, ordenó la reincorporación y condenó a abonar una indemnización equivalente al 25% de los salarios dejados de percibir, con intereses del 6% anual hasta la sentencia.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-73927
Cesantia Abandono de cargo Notificacion fehaciente Nulidad Reincorporacion Indemnizacion Salarios caidos Art. 85 ley 10.430 Derecho de defensa Interes 6% anual

¿Quién es el actor?

Elizabeth Maiorini.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Hospital "Dr. Victorio Tettamanti" de Mar del Plata).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución n.º 2.066/09 que dispuso la cesantía por abandono de cargo; reincorporación al empleo; pago de indemnización y salarios caídos.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, se anula la sentencia de la Cámara que había revocado la sentencia de primera instancia, se reconoce el derecho de la Sra. Maiorini a ser reinstalada en su cargo y se condena a la demandada a pagar una indemnización por daño material equivalente al 25% de los salarios dejados de percibir desde la cesantía hasta la efectiva reincorporación, con intereses al 6% anual desde la fecha del cese hasta la sentencia; posteriormente se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para los períodos sucesivos. Costas a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Lu[c]e como una afirmación desprovista de sustento lógico lo señalado por el Tribunal de Alzada en orden a que la irregularidad de la diligencia en la que el juez de grado apuntaló la nulidad decretada no tiene la trascendencia que le brindara en su pronunciamiento pues, aun dando por practicada la notificación en el domicilio de la actora, tal anoticiamiento no hubiera tenido virtualidad para evitar el dictado de la medida segregativa por cuanto la agente no estaba en condiciones de conocer su contenido ni de regresar a su puesto de trabajo por encontrarse fuera de la ciudad.

La potencialidad de si notificada la agente se hubiese presentado o no a trabajar de forma alguna puede vulnerar el debido proceso, ni cercenar el derecho de defensa que le asiste, máxime en un procedimiento sumario que fue sustanciado en el marco de lo dispuesto en el art. 85 de la ley 10.430 por la causal de abandono de cargo."

"Conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte, el cumplimiento de los recaudos previstos para proceder a la notificación de la resolución administrativa final, en tanto constituye un presupuesto indispensable para la existencia del consentimiento, debe surgir en forma categórica. De tal modo, en caso de duda acerca del conocimiento por el interesado de la resolución en cuestión -por mediar una notificación que no satisface los recaudos exigidos por la legislación procedimiental aplicable- debe estarse por la inexistencia de notificación (doctr. causas B. 57.948, 'Robredo', sent. de 13-XII-2000 y B. 56.450 'Covello', sent. de 2-IV-2003)."

"Resultando un hecho no controvertido en la causa que tal diligencia no cumplió con las formalidades legales impuestas en tanto se realizó en un domicilio ajeno al de la demandante (v. fs. 2 y 5, expte. 2975-7377-2009; fs. 349 y 350, del principal), carecen de relevancia los argumentos esgrimidos para fundamentar el abandono de servicio en que se consideró incursa a la accionante, toda vez que lo dirimente en el caso radica en la ausencia de notificación formal de la intimación de reintegro a sus tareas.

En definitiva, la entidad de la irregularidad que porta, en el caso, el emplazamiento previsto en el art. 85 de la ley 10.430 como condición necesaria para configurar la aludida causal de extinción de la relación de empleo público, en tanto fue realizado en un domicilio ajeno al de la demandante ..., es suficiente para determinar la nulidad del referido emplazamiento y para revocar, en consecuencia, el pronunciamiento en cuanto tuvo por legítimo el acto de cese."

Sobre la cuantificación indemnizatoria: "Estimo prudente fijar la indemnización por daño material en el 25% de los salarios dejados de percibir, desde que la actora fue separada de su cargo ... y hasta la fecha de su efectiva reincorporación." Asimismo, se aplica "una alícuota del 6% anual sobre el aludido crédito indemnizatorio, desde que la actora fue separada de su cargo y hasta el momento del dictado de la presente".

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia se dicta por mayoría (votos afirmativos de Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan, Torres y de Lázzari). Hubo discrepancia doctrinal en materia de cuantificación (algunos jueces propusieron reconocer la totalidad de los salarios caídos; la mayoría fijó 25%).

Leyes que cita

Más jurisprudencia sobre

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

Encontrá la jurisprudencia para tu caso

Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.