Reboredo, Julio Alejandro c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
El actor reclamó el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título prevista por el art. 41 de la ley 10.475, por entender que su cargo en la Dirección General de Asesoría Pericial le impide ejercer libremente la profesión. La Corte rechazó la demanda porque la normativa profesional aplicable no configura inhabilitación legal del título equiparable a la de abogados, escribanos, procuradores o contadores, por lo que no corresponde el beneficio reclamado.
¿Quién es el actor?
Julio Alejandro Reboredo, arquitecto y agente del Poder Judicial (Dirección General de Asesoría Pericial / Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios).
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la resolución 2596 de la Suprema Corte y reconocimiento del pago retroactivo de la bonificación por bloqueo parcial de título (art. 41 ley 10.475), con más intereses, en razón de la supuesta inhabilitación parcial para ejercer la profesión por su desempeño en la administración judicial.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda. Se consideró que no existe inhabilitación legal del título del actor comparable a la prevista para abogados, procuradores, escribanos o contadores, y que las restricciones aducidas son incompatibilidades que no habilitan el pago del beneficio del art. 41 de la ley 10.475.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El citado art. 41 dispone que: 'Establécese para ... el personal del Poder Judicial comprendido en la Ley 10.374, una bonificación por bloqueo de título. Dicho adicional será igual al veinticinco (25) por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad...'. Por su parte la ley 10.374 se refiere a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en febrero de 1987, dictó la Acordada 2172, en la que, teniendo en consideración la inhabilitación legal que sufren los abogados y procuradores en virtud de los arts. 3, inc. 'b' y 65 inc. 'b' de la ley 5177... y los escribanos por el art. 33, inc. 3 del decreto ley 9020/1978, estableció que : '... la bonificación que contempla el artículo 41 de la ley 10.475 alcanza a todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador que se desempeñan en el Poder Judicial con inhabilitación legal para el ejercicio profesional...'.
Pero de ninguna manera las enunciadas configuran inhabilidades legales como la exigida por la norma, sólo se señala una limitación puntual al libre ejercicio de la profesión de ciertas actividades inconciliables por su naturaleza, con el principio de plena dedicación al cargo. No constituyen impedimentos para el libre ejercicio de la profesión como ocurre con los abogados, procuradores, escribanos o contadores.
Por lo que no surge que el profesional Julio Alejandro Reboredo, en su calidad de agente del Poder Judicial sufra una inhabilitación legal mediante el bloqueo parcial del título para su libre actividad profesional, a no ser la que con carácter general rige para todos los empleados del Poder Judicial, situación que no autoriza el otorgamiento del beneficio en cuestión."
¿Cómo votaron los jueces?
La jueza Kogan expone y propone el rechazo; los jueces Genoud, Soria y Domínguez votaron en igual sentido. El acuerdo resultante rechazó la demanda (decisión de la mayoría).
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