JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Mendoza, Enrique Ramón y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria

Los actores promovieron acción originaria de inconstitucionalidad contra los arts. 1 a 6 de la Resol. 246/18 del Ministerio de Agroindustria por el uso de fitosanitarios y riesgo para la salud y el ambiente. La Corte denegó la medida cautelar solicitada al considerar que la resolución 246/18 se halla suspendida por la Resol. 24/19, lo que descarta el periculum in mora necesario para la tutela urgente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
I-75708
Accion originaria de inconstitucionalidad Medida cautelar denegada Agroquimicos / fitosanitarios Resolucion 246/18 Resolucion 24/19 (suspension) Periculum in mora Fumus boni iuris Derecho al ambiente sano (art. 28 prov. Art. 41 nac.) General pueyrredon / mar chiquita Suprema corte (provincia de buenos aires)

Quién demanda (Actor)

Enrique Ramón Mendoza y otros (representando, entre otros, trabajadores rurales, vecinos de General Pueyrredon y Mar Chiquita, sindicatos y afectados de Mar del Plata).

A quién se demanda (Demandado)

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Agroindustria, resolución 246/18).

Qué se reclama (Objeto de la demanda)

Se solicita que la Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos 1 a 6 de la Resolución 246/18 (Ministerio de Agroindustria, 17-10-2018) y, en subsidio, la suspensión cautelar de dicha resolución en todo el territorio provincial o, alternativamente, en el partido de General Pueyrredon y demás municipios sin regulación, por el riesgo que implicaría la aplicación de agroquímicos en proximidad de escuelas, barrios, reservas y pozos de agua.

Qué se resolvió (Decisión del tribunal)

La Suprema Corte denegó la medida cautelar solicitada por los actores (fs. 78/80 y 114 y vuelta), fundando su decisión principalmente en que la Resolución 246/18 se encontraba suspendida por la Resolución 24/19, lo que desacredita el requisito del peligro en la demora (periculum in mora) al momento de decidir.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este sentido, resulta necesario señalar que la resolución del Ministerio de Agroindustria 246/18 atacada, fue suspendida por su par 24/19 (B.O 18-II-2019) por el plazo de un año (art. 2). Tal circunstancia, conforme lo apuntara el señor Procurador General a fs. 112 y vta., desacredita -por el momento- el requisito de peligro en la demora bajo estudio, en tanto la pretensión cautelar de los actores consistente en que se suspenda la norma en crisis resultaría inoficiosa ante la vigencia de esta última resolución que tiene idéntico efecto."

"Por las razones expuestas, sin que implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, a esta altura del proceso el peligro en la demora que denuncian los vecinos en el escrito de demanda no se verifica en razón de la suspensión dispuesta por la resolución 24/19, no acreditándose, pues, la existencia de un margen remanente significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs. del CPCC; CSJN Fallos: 335:1213)."

Bloque dispositivo final (decisión mayoritaria):

"Denegar la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. 78/80 y 114 y vuelta (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC). Regístrese y notifíquese."

Observación sobre alcance y reexamen: el Tribunal advierte que la suspensión por Resol. 24/19 tiene carácter transitorio y que, vencido o modificado ese plazo, podrá reexaminarse el pedido cautelar si los actores sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la pretensión.

Votos/disidencias

El bloque dispositivo final consigna la decisión; no se consignan votos en disidencia en el texto provisto que modifiquen la conclusión final.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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