Jardín de La Paz S.A. c/Municipalidad de Gral. Sarmiento s/Repetición e inconstitucionalidad de ordenanza tarifaria
La actora impugnó ordenanza municipal que grava actividades vinculadas con la policía mortuoria y solicitó la inaplicabilidad de la norma. La Corte rechazó el recurso extraordinario por considerar que la alzada fundó correctamente la inexistencia de legitimación y que la actora no acreditó la violación normativa ni desvirtuó las razones del tribunal inferior.
¿Quién es el actor?
Jardín de la Paz S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de General Sarmiento
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Repetición y acusación de inconstitucionalidad de una ordenanza tarifaria municipal que impone tasas vinculadas al ejercicio del poder de policía mortuoria (cuestión sobre encuadre del hecho imponible y posible doble gravamen / falta de causa y desproporción de la tasa).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora; costas al recurrente; pérdida del depósito previo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Para resolver como lo hizo entendió la alzada que la tarea de fiscalización de las inhumaciones y demás movimientos de cadáveres, restos y cenizas, y también el control del cumplimiento de las normas sobre moralidad e higiene, y de las demás que integran las reglamentaciones vigentes en los cementerios oficiales -que se realicen en los cementerios privados- es el hecho imponible que contempla el art. 189 del anexo I de la ordenanza cuestionada, y es ella una tarea que se inscribe dentro del contexto de los deberes de policía que competen a los municipios conforme al régimen municipal contemplado por las Constituciones nacional y provincial. Agrega que el interés público comprometido en la función descripta, se individualiza en quienes son los beneficiarios del servicio que se contempla como hecho imponible, sea el de la propia inhumación y análogos (caso de los cementerios oficiales), sea el de su fiscalización y control (caso de los cementerios privados). Consecuentemente, en ambos -se acota- sólo pueden ser contribuyentes de la gabela los solicitantes de los servicios, por ser ellos quienes generan la actividad susceptible de afectar el interés público comprometido cuyo resguardo compete al municipio en cuya jurisdicción acontece."
"Tiene dicho esta Corte que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos sobre los que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación (o la pretendida sumisión de los hechos o elementos de la causa) a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene."
"Finalmente, y más allá que lo dicho antes sella la suerte adversa del recurso, es del caso destacar que tratándose de tasas no existe norma constitucional o legal que obligue a que las mismas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que los presten, ya que tanto la existencia de ésta como el cumplimiento de sus fines, depende de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera."
"En consecuencia y dado que lo dicho resulta bastante a los fines del rechazo del recurso traído, doy mi voto por la negativa." (voto del Dr. Negri; los Dres. Hitters, Laborde, Pettigiani y de Lázzari votaron por la misma negativa)
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