Provincia de Buenos Aires c/Kisielczuk, Daniel y otros s/Expropiación
Expropiación de inmuebles y controversia sobre intereses e indemnización. La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y excluyó del monto indemnizatorio el pago de intereses, confirmando en lo demás la valuación del a quo por no revestir vicio de absurdo.
¿Quién es el actor?
Provincia de Buenos Aires (expropiante).
¿A quién se demanda?
Kisielczuk, Daniel y otros (expropiados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Juicio expropiatorio con declaración de transferencia del dominio a favor del Fisco y determinación de la indemnización correspondiente; litigio sobre fecha de desposesión para cómputo de intereses y sobre el monto indemnizatorio.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley promovido por la Fiscalía de Estado, y se excluyó del monto indemnizatorio el pago de intereses; se confirmaron los demás puntos de la sentencia de la Cámara en cuanto al monto del justo valor por no configurarse vicio de absurdo. Se impusieron las costas del recurso al expropiante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, el Estado provincial inició el presente juicio expropiatorio -cuya declaración de urgencia se denuncia- dando en pago, como depósito previo, la suma resultante de la valuación fiscal de los inmuebles objeto del mismo (v. fs. 120/121 vta.). Esta Corte tiene dicho al respecto que el depósito que hace inicialmente el expropiante tiene su razón de ser en el cumplimiento de una obligación legal a efectos de tomar posesión de la cosa expropiada (art. 23, ley 5708), y es la contrapartida de la privación de ella que sufre el accionado (conf. doct. causa Ac. 47.524, sent. del 29-XII-1994, en "Acuerdos y Sentencias", 1994-IV-690). La ley prevé, para este supuesto, que el juez actuante ordene dar la posesión inmediata al expropiante (arts. 38 y 39, ley 5708), lo que no surge del procedimiento posterior a aquel acto. De manera que ubicar la toma de aquélla en el momento en que el expropiado la consintió, es decir, al responder la demanda el día 25 de abril de 1997, y a partir de allí la pérdida de su goce irrestricto y de las atribuciones material y jurídicamente derivadas de la misma, como lo hizo el tribunal a fs. 341, contradice la normativa citada."
"Por otra parte, el art. 8 de la ley de marras establece que los intereses deben correr desde el momento de la desposesión, refiriéndose a la realizada por el Fisco y no por los particulares (art. 8, ley cit.; conf. causas Ac. 40.880, sent. del 7-VII-1989; Ac. 42.314, sent. del 20-II-1990), y en el caso -como se señaló más arriba- ella no se produjo."
"Siendo ello así, el valor aludido por el art. 8 de la ley 5708 debe referirse al que hubiese tenido el bien expropiado de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (art. 9, ley cit.; conf. Ac. 56.165, sent. del 15-VII-1997) y, conforme con lo manifestado, el a quo procedió -dentro de sus facultades- a establecer un monto equilibrado entre la valuación fiscal de los inmuebles al año 1998 y el monto calculado por el expropiado, alejado por cierto del confeccionado en 1993 por el Estado, reiterado al iniciar la demanda en 1996, pero también del fijado en los informes suministrados por los peritos cuyas experticias tuvieron en cuenta el desarrollo urbano alcanzado al año 2000 (v. pto. 3, fs. 258 y 281). Sin observarse -en el presente pleito- la configuración del vicio de absurdo que pudiera habilitar la modificación de la sentencia en crisis pues, a pesar de su denuncia, no se alcanza a demostrar éste en la especie como tampoco se acredita la infracción legal denunciada (art. 279, C.P.C.C.)."
Resultado de la mayoría y votos: La mayoría (Pettigiani, Genoud, Soria, de Lázzari) sostuvo que la desposesión a efectos del art. 8 debe ser la efectuada por el Fisco mediante mandamiento judicial, por lo que en ausencia de tal orden no corresponde devengar intereses; en cambio, los votos de Hitters, Negri y Kogan se opusieron a esa interpretación y sostenían que la desposesión podía entenderse desde la publicación de la ley expropiatoria o desde el acto que impidiera el dominio, pero la mayoría resolvió conforme al bloque dispositivo final.
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