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Tribunal Superior

Díaz, Sergio Daniel c/Policía de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios

El actor demandó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios en el marco de la aplicación del régimen provincial de consolidación de pasivos. La Suprema Corte de la Provincia resolvió que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado las objeciones de inconstitucionalidad al régimen de la ley 12.836 (y su modificatoria 13.436), por lo que dicho estatuto resulta inaplicable al caso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-89303
Consolidacion de pasivos Ley 12.836 Ley 13.436 Ley 13.929 Inconstitucionalidad Conflicto de normas provinciales y nacionales Plazo de pago (170 meses) Fecha de corte (30-11-2001 vs 31-12-1999) Bonos de consolidacion Inaplicabilidad del estatuto.

¿Quién es el actor?

Díaz, Sergio Daniel.

¿A quién se demanda?

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación por daños y perjuicios en cuyo marco se discute la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos de la Provincia (ley 12.836 y modificatorias) frente a las modificaciones introducidas por la ley 13.929.

¿Qué se resolvió?

La Corte provincial, por mayoría, respondió negativamente a la cuestión planteada por la Corte Suprema de la Nación: con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria 13.436, tornándose inaplicable ese estatuto al caso. Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Transcripción relevante sobre el contenido de la ley 13.929 y el decreto reglamentario:

"Artículo 54.- Incorporar como último párrafo del art. 16 de la ley 12.836, modificada por ley 13.436, el siguiente: ('Artículo 16.- El pago de las obligaciones consolidadas se efectuarán, a opción del acreedor: a) Mediante los títulos públicos cuya emisión autoriza el artículo 18 de la presente ley y conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la misma, o b) En efectivo, en moneda de curso legal conforme los criterios que establezca la normativa aplicable y los procedimientos y condiciones que determine la reglamentación'). 'Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta en la presente ley, ya sea que el pago se realice mediante Bonos de Consolidación o mediante el Procedimiento de Pago en Efectivo, serán respondidos por el Poder Ejecutivo o cualquier ente deudor de obligaciones alcanzadas por la consolidación indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que anualmente contenga la Ley de Presupuesto de la Administración Provincial, para hacer frente al pasivo consolidado al 30 de noviembre de 2001, en un plazo máximo de 170 meses contados a partir de la fecha antes indicada'."

"Artículo 56.- Incorporar como anteúltimo y último párrafos del art. 10 de la ley 13.436, los siguientes: ... 'Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá realizar la emisión de Bonos de Consolidación con fecha 1 de enero de 2000, con los términos y condiciones establecidos originalmente, de forma que el cronograma de amortización de los mismos finalice a los 16 años de esa fecha. Los acreedores de obligaciones consolidadas por la presente Ley cuya deuda no hubiere sido cancelada antes del 1 de enero de 2009, que optaren por la cancelación mediante títulos públicos, podrán elegir los títulos emitidos en virtud del párrafo precedente o los emitidos conforme lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo'."

Del decreto reglamentario 201/2010: "Artículo 1°. Encomendar al Ministro de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación, la emisión de Bonos para la cancelación de obligaciones Consolidadas por ley 12.836, con fecha 1 de enero de 2000, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 10 de la ley 13.436 modificado por el art. 56 de la ley 13.929, en la medida en que se requiera expresamente esa forma de cancelación mediante presentación judicial o administrativa."

2) Transcripción relevante sobre la incompatibilidad con la normativa nacional y conclusión:

"la referida ley 13.929, ... estableció: ... surge de su simple cotejo con la norma nacional 25.344 ... que el plazo fijado excede el establecido en aquélla, por lo que no logra en este nuevo intento superador sortear el test de constitucionalidad, por resultar más gravoso para el acreedor del Fisco provincial (arts. 31 y 28 de la Constitución nacional, 19, ley 23.982)."

"la norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo se resolvió por mayoría negativa en los términos citados; los votos de los jueces Pettigiani, de Lázzari, Kogan y Negri conformaron la solución adoptada. No se registran en el dispositivo final decisiones contrarias.

Leyes que cita

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