Ghibaudi, Ana María c/Municipalidad de Pinamar y/u otros s/Demanda originaria por demolición
La actora promovió demanda ordinaria reclamando demolición e indemnización contra la Municipalidad de Pinamar y otros. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario y declaró aplicable en la Provincia el párrafo agregado al art. 505 del Código Civil por la ley 24.432, limitando la condena en costas al 25% del monto del juicio y ordenando nueva liquidación conforme a ese tope.
¿Quién es el actor?
Ghibaudi, Ana María.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Pinamar y/u otros (entre ellos Sarrafiore).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda ordinaria por demolición y reclamo de indemnización por daños y perjuicios; la controversia principal incluye discusión sobre regulación de honorarios y costas.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora en cuanto a la incorrecta aplicación de la normativa sobre honorarios y costas, y se ordenó que se limite la responsabilidad por costas (incluidos honorarios) conforme al párrafo incorporado al art. 505 del Código Civil por la ley 24.432 —es decir, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del juicio respecto de todos los litisconsortes— y que se practique nueva liquidación con el método señalado. Costas por su orden. Se restituyó el depósito previo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El recurso es fundado."
"Si bien el art. 16 de la ley 24.432 invita a las Provincias a adherir al régimen que la misma instituye, ello es así en la parte que 'fuera pertinente'. En tal contexto, cabe señalar que en el digesto normativo citado en último término existen disposiciones -vgr. los arts. 9, 10, 11, 12, que modifican ciertos preceptos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Régimen Arancelario de Abogados y Procuradores en el ámbito de la Nación- que, en caso de que la Provincia eventualmente quisiera aplicarlas, requerirían del dictado de una legislación que expresamente adhiera a tales dispositivos legales.
Mas la ley en cuestión posee también normas que, en mi criterio, resultan operativas. En tal orden sitúo su art. 1 que incorporó un nuevo párrafo al art. 505 del Código Civil estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas. En consecuencia, el citado artículo, por el carácter que reviste en razón de la sustancia de lo que regula -responsabilidad en materia de costas por incumplimiento de la obligación principal- no requiere adhesión alguna, resultando entonces aplicable en la Provincia, sin que ello implique vulnerar en modo alguno la autonomía local."
"Por lo expuesto entiendo que en el caso corresponde limitar la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados, en los términos del art. 505 -esto es, sólo los pertenecientes a primera instancia y sin tener en consideración los incidentes incoados (conf. J. W. Peyrano, 'Análisis provisorio de aspectos procesales de la ley 24.432', en 'La Ley', 1995-C-855, en esp. p. 856; 'La Ley 24.432, un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes', en 'El Derecho', 162-1155, en esp. p. 1156)- hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del juicio respecto de todos los liticonsortes, y no fijar dicho tope individualmente para cada uno de ellos. En ese orden, encuentro quebrantado por la alzada la norma en cuestión al realizar una incorrecta aplicación de la misma (art. 289, C.P.C.C.)."
"En tal sentido, el método a seguir al practicarse una nueva liquidación, la que deberá realizarse en base a las pautas antes indicadas, será: en primer lugar, fijar los honorarios de los profesionales que actuaron en calidad de auxiliares de justicia; luego el de los abogados según la ley arancelaria, teniendo en cuenta para ello lo prescripto por el art. 28 de la misma; posteriormente reducir los honorarios de éstos hasta un cuarenta por ciento (40%) en la medida que excedieran la respectiva escala arancelaria conforme lo estipulado por el art. 21, segundo párrafo, del dec. ley 8904/1977; después sumar todos los honorarios resultantes, y por último, si éstos exceden del veinticinco por ciento (25%) (arts. 505, Cód. Civ., 23, dec. ley 8904/1977) proceder a disminuirlos a prorrata hasta arribar a dicho porcentual..."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión se adoptó por mayoría (votos favorables de Pettigiani —dictando el fundamento principal—; de Lázzari en adhesión parcial; Hitters; Roncoroni; Soria; Kogan). Los jueces Negri y Salas votaron por la negativa. El dispositivo final es el que manda y fue por la afirmativa en los términos consignados.
Otros aspectos relevantes: Se ordenó costas por su orden (art. 68) y la restitución del depósito previo. Fecha del acuerdo: 22 de octubre de 2003.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
- Ley 24.432Honorarios profesionales
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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