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Tribunal Superior

Prado, Jorge A. c/Transportes Unidos de Merlo SA s/Despido

El actor reclamó indemnizaciones por despido incausado contra Transportes Unidos de Merlo S.A. La Suprema Corte declaró de oficio la nulidad del veredicto y de la sentencia de primera instancia por prejudicialidad penal no resuelta, y ordenó remitir la causa al tribunal de origen para su adecuada tramitación.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-70603
Despido incausado Prejudicialidad penal Nulidad de oficio Art. 1101 cod. civil Indemnizaciones Tribunal del trabajo n?1 moron Suprema corte provincia de buenos aires Inaplicabilidad de ley (invocado) Sentencia anulada Remision al a quo

¿Quién es el actor?

Jorge Alberto Prado.

¿A quién se demanda?

Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I. e I.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de las indemnizaciones derivadas del despido incausado.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte declaró nulos de oficio el veredicto (fs. 228/228 vta.) y la sentencia (fs. 229/232 vta.) de la Sala laboral de Morón y devolvió la causa al tribunal de origen para que adecue su tramitación, por existir prejudicialidad penal no resuelta sobre los hechos invocados como causal de despido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme surge de la presentación de la accionada, la ruptura del contrato de trabajo se realizó por la pérdida de confianza en el operario como producto de su participación en un presunto hecho delictivo y que dio origen a la instrucción de la correspondiente causa penal... Estas actuaciones... no tienen resolución final según surge de las mismas.

En atención a la prejudicialidad prevista por el art. 1101 del Código Civil, no dándose en la especie los supuestos de excepción allí previstos, el a quo no pudo pronunciarse válidamente sobre aquellos elementos que son materia investigativa exclusiva del fuero penal mientras no se hubiera dictado resolución definitiva en esta última sede.

Así, cuando la ilicitud penal invocada por el principal como causal de despido reviste el carácter típico de un delito criminal, la prejudicialidad es imperiosa debiendo influir únicamente sobre la existencia o inexistencia del hecho y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario podría caerse en el escándalo jurídico de dos fallos contradictorios en flagrante violación a los arts. 1102 y 1103 del Código Civil..."

Bloque dispositivo final (acción de la mayoría):

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General respecto del recurso extraordinario de nulidad, se declaran nulos de oficio el veredicto de fs. 228/228 vta. y la sentencia de fs. 229/232 vta.; conforme lo establecido en el punto IV de la votación a la primera cuestión. Notifíquese y devuélvase."

Otros datos procesales relevantes: la causa quedó en estado tras dictamen del Procurador General (dictamen del 01-10-1998 por Eduardo Matías De La Cruz); la sentencia de la Suprema Corte está rubricada en La Plata, a veinte de junio de dos mil uno. La anulación se funda en vulneración de la regla de prejudicialidad civil frente a la causa penal (arts. 1101-1103 Cód. Civil).

Leyes que cita

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