Fiscal de Estado c/Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo). Coadyuvante: Alarcón, Fernando Oscar s/Demanda contencioso administrativa
El Fiscal de Estado promovió demanda contencioso administrativa contra resoluciones del I.P.S. que reconocieron servicios fictos a Fernando Oscar Alarcón por el período 31-12-1976 a 10-12-1983. La Corte rechazó la demanda y confirmó la legitimidad del reconocimiento a la luz de la ley 11.729 y sus modificaciones (leyes 12.394 y 13.026), aplicables por presunción legal cuando la baja fue dictada en el marco del decreto ley 8596/1976.
¿Quién es el actor?
Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo), representada por el Instituto de Previsión Social (I.P.S.).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la resolución del Directorio del I.P.S. de fecha 4-7-1996 que reconoció servicios fictos, y del decreto provincial 3964/1997 que rechazó el recurso de apelación del Fiscal de Estado, respecto del reconocimiento de servicios fictos solicitado por Fernando Oscar Alarcón por el período comprendido entre su cese (31-12-1976) y el 10-12-1983.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda interpuesta por el Fiscal de Estado; se consideró que el I.P.S. actuó conforme a derecho al reconocer los servicios fictos en los términos de la ley 11.729 modificada por las leyes 12.394 y 13.026. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Sostengo que el caso sub examine debe ser juzgado conforme la modificación introducida por las leyes 12.394 y 13.026 a la ley 11.729, de acuerdo a los principios de aplicación inmediata de la ley nueva e iuria curia novit... las mentadas leyes 12.394 y 13.026 expresamente determinaron que el régimen de reconocimiento de servicios fictos con la presunción contemplada en dichas normas fuera de aplicación a las peticiones efectuadas con anterioridad a la presente."
"La reforma introducida al texto de la ley 11.729 es clara en tanto alude a que si el cese fue dispuesto en los términos del referido decreto ley 8596/1976, se presumirá que fue originado en causas políticas, gremiales o estudiantiles, cuando las bajas se hubieran efectivizado en los dos años posteriores al día 24 de marzo de 1976... no se ha acreditado que el señor Alarcón... hubiera cesado en su condición de agente público por alguna de las causas previstas en la ley 11.729... pesaba sobre la Fiscalía de Estado desvirtuar la presunción legal, lo que no se logra con meramente argumentar que la baja estuviera motivada en razones de servicio con pago de indemnización."
"Por todos los fundamentos dados, juzgo que corresponde desestimar la demanda interpuesta por el Fiscal de Estado, pues el I.P.S. al otorgar el reconocimiento de servicios fictos mediante las resoluciones administrativas impugnadas, actuó conforme a derecho (ley 17.729, modificada por leyes 12.394 y 13.026)."
¿Cómo votaron los jueces?
el Dr. Soria (voto principal), y los Dres. Roncoroni, Hitters, Pettigiani y la Dra. Kogan votaron por la negativa; el acuerdo resolvió en ese sentido.
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