Ader S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios
Ader S.A. demandó al Fisco provincial por daños y perjuicios derivados del anegamiento de sus campos por obras hidráulicas. La Corte rechazó el recurso extraordinario del Fisco, confirmando la responsabilidad atribuida a la Provincia y mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial de consolidación de deudas (ley 12.836 y sus modificaciones).
¿Quién es el actor?
Ader S.A.
¿A quién se demanda?
Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por anegamiento permanente de campos atribuible a obras de canalización y manejo de aguas realizadas por la Provincia.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco. Se confirma, en lo principal, la atribución de responsabilidad a la Provincia por las obras hidráulicas y se mantiene la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial de consolidación (12.836 y sus modificaciones).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"…la causa eficiente del anegamiento permanente del campo fueron las obras realizadas por la Provincia, su falta de mantenimiento, y eventualmente errores de diseño o cálculo en las uniones de las diferentes cuencas arreicas (en un rango de alturas) la que ha modificado la probabilidad de ocurrencia de la profundidad y duración de la inundabilidad de los campos en cuestión. Esta es, ‘per se’ la causa eficiente e indiscutida de la inundación y la permanencia de las aguas en los campos de la actora, es la condición puesta por el agente (Pcia. De Bs. As.)..." (fs. 1112 y vta.).
"Esa carga no se logra sobrellevar con la simple disconformidad manifestada respecto a las motivaciones del fallo (fs. 1124 vta./1125) ni se construye a partir de una personal selección e interpretación de ciertas expresiones periciales (fs. 1121/1122).
Sabido es, en tal sentido, que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- se limita a discrepar con las conclusiones del a quo, exponiendo su propio criterio interpretativo, que no es base idónea de agravios ni exterioriza el absurdo que viabilice la queja, ya que éste sólo se configura por el desvío lógico manifiesto, el arribo incongruente o la notoria falta de prudencia jurídica en el mérito otorgado al material probatorio..." (fs. 1124 vta./1125).
"…la ley 13.929 ha agregado al art. 16 de la ley 12.836 … se establece que el plazo máximo para satisfacer a los acreedores consolidados es de ciento setenta (170) meses, contados desde la fecha de corte, es decir, desde el 30 de noviembre de 2001. Esos catorce años y dos meses (calculados desde la consolidación) llevan el plazo máximo de satisfacción de las deudas al día 30 de enero de 2016.
Como la legislación nacional fija el plazo máximo en el 1° de enero de 2016, se advierte una diferencia de veintinueve días en perjuicio del acreedor (diferencia escasa, pero -sin duda- presente) que impide a la nueva normativa superar las objeciones destacadas en "Mochi", quedando la ley siempre fuera de los márgenes establecidos por la legislación nacional, es decir, sin que se salve la tacha de inconstitucionalidad que la afectaba." (fs. 1129/1131)
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia se resolvió por mayoría negativa al recurso; los votos concordantes fueron de los jueces de Lázzari, Kogan, Negri y Pettigiani (adhiriendo a la conclusión de rechazo y a la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial de consolidación). No se registran fundamentos de minoría que alteren el dispositivo.
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