Rotelo, Hugo Alberto c/Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires-. s/Acción de amparo y medida de no innovar -ley 12867-.
El actor promovió acción de amparo contra la Provincia solicitando la suspensión de quitas salariales y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.867. La Corte rechazó la demanda por no acreditarse la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad exigida para el amparo y declaró que no se probó la inconstitucionalidad invocada; se imponen las costas al actor.
¿Quién es el actor?
Hugo Alberto Rotelo, docente provincial.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires - Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo y medida cautelar para que se abstenga de aplicar las supresiones y quitas salariales establecidas por la ley 12.867 (modificaciones en adicional por ruralidad, régimen de licencias, vacaciones, premios por jubilación, comisiones de servicio, etc.), y se declare la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar artículos de la Constitución Nacional (arts. 14º y 17º) y provincial (arts. 39º y 31º).
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda. Se impone las costas al actor. Se regulan honorarios para los letrados intervinientes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Adelanto mi opinión adversa al acogimiento de la pretensión actora, dado que no encuentro acreditados en autos los extremos que la tornarían procedente.
En efecto, no advierto que el acto del que el actor se agravia exhiba la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad exigidas para que el amparo intentado pueda prosperar.
Muy por el contrario, es el mismo actor el que señala que la Administración ha hecho aplicación -al dictarlo- de una ley en vigencia, y si bien aquél lo tacha de ilegal y arbitrario, no ha explicado con claridad en qué consisten la arbitrariedad e ilegalidad que denuncia.
Conviene recordar que para que el amparo sea viable se requiere que el acto denunciado carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal, esto es, que haya surgido al margen del proceso formal que constituye el fundamento de validez de toda norma jurídica (doctr. causa B. 58.002, 'Rodríguez', sent. del 6-X-1998).
En la especie, ninguna circunstancia se ha señalado para demostrar que el acto de aplicación de la ley constituya una manifestación caprichosa, irrazonable o injusta (doctr. causa B. 59.168, 'Riusech', sent. del 16-II-1999, 'D.J.B.A.', 156, 137) por lo que los dichos del actor devienen en meras afirmaciones sin respaldo probatorio alguno.
Para transitar la vía del amparo de manera útil es menester que la arbitrariedad del acto atacado surja manifiesta, esto es, de un modo descubierto, patente, claro, ostensible, palmario, notorio (doctr. causas B. 59.168, 'Riusech', ya citada y B. 57.465, 'Pedraja Larroza', sent. del 29-VIII-2001; B. 62.257, 'Herrera', sent. del 3-X-2001; B. 64.413, 'Club Estudiantes de La Plata', sent. del 4-IX-2002). En el caso en análisis, el actor simplemente sostiene que, dada la aplicación de una ley, percibió un haber mensual inferior al del mes anterior y ello contraviene su derecho de propiedad y su derecho a una retribución justa, pero no acompaña siquiera un recibo de sueldo ni mucho menos explica en qué consisten las irregularidades que endilga al acto que impugna.
Tal como ya fuera señalado, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial, de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada (doctr. causa B. 58.002, 'Rodríguez', ya citada).
No surgen del escueto relato efectuado las circunstancias que afectarían los derechos constitucionales que el accionante dice agraviados y no se han acompañado constancias de ninguna naturaleza, razón por la cuál no se advierte de qué modo la pura aplicación de la ley haya podido producir el efecto disvalioso denunciado."
Votación y mayoría: El señor Juez doctor de Lázzari votó por la negativa; los señores jueces doctores Negri, Roncoroni, Soria y Kogan, por los fundamentos expuestos por de Lázzari, también votaron por la negativa. El bloque dispositivo final dispone el rechazo de la demanda y la imposición de costas al actor.
Dispositivo destacado del fallo: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta (arts. 20º, Constitución provincial; 1º, 2º y concordantes de la ley 7166 y sus modificatorias). Las costas se imponen a la parte actora, en su condición de vencida (art. 25º, 1º parte, ley 7166)."
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