Paradiso de López Medrano, Themis Eleonora c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
La actora promovió demanda contencioso administrativa para dejar sin efecto la anulación de su pensión provincial y el cargo deudor imputado. La Corte hizo lugar a la demanda por prescripción de la potestad anulatoria administrativa y ordenó la restitución de la situación jurídica y la devolución de las sumas retenidas con intereses.
¿Quién es el actor?
Themis Eleonora Paradiso de López Medrano, por apoderado.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires - Instituto de Previsión Social (I.P.S.).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita dejar sin efecto las Resoluciones 399.705/97 y 418.978/98 por las que se anuló la pensión concedida a la actora (otorgada con fecha 27-6-1974 con efectos desde el 29-9-1973) y se le impuso un cargo deudor; se reclama la restitución de la situación jurídica y la devolución de las sumas percibidas indebidamente.
¿Qué se resolvió?
La Corte hizo lugar a la demanda. Se anuló la resolución administrativa impugnada, se dejó sin efecto el cargo deudor, se condenó al I.P.S. a restituir a la actora a la situación anterior y a devolver las sumas retenidas con intereses dentro de los 60 días de quedar firme la sentencia; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La ley 14.370 resulta de aplicación al caso, toda vez que la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al sistema de reciprocidad creado por el decreto ley 9316/1946 mediante ley 5157 y el convenio celebrado con el Instituto Nacional de Previsión Social el 6-VIII-1947, implicó la incorporación de una norma federal a la categoría de ley..."
"En el caso se encuentra probado y además no se discute, que la actora gozaba de su beneficio pensionario desde el 29 de septiembre de 1973 ... que el I.P.S. tomó conocimiento de la percepción de un segundo beneficio de orden nacional en el mes de octubre de 1994 ... y que la resolución del I.P.S. que deniega el beneficio pensionario es de fecha 3 de abril de 1997."
"La circunstancia de que ambos beneficios se hayan obtenido sobre la base de servicios distintos restringe la cuestión exclusivamente a la vulneración del principio de prestación única consagrado en el art. 23 de la ley 14.370; situación que entiendo pudo evitarse si el Instituto hubiese cumplido con diligencia la función de asesoramiento al beneficiario ... o bien si hubiese ejercido sus facultades revocatorias en tiempo oportuno."
"Del cómputo de fechas surge que nos encontramos ante una situación de derecho consolidada: La actora percibió el beneficio otorgado por el I.P.S. durante 24 años en forma ininterrumpida y desde que el I.P.S. tomó conocimiento del doble beneficio - octubre de 1994- y el dictado del acto anulatorio de fecha 3 de abril de 1997 ha transcurrido ampliamente el plazo prescriptivo de 2 años..."
"Por las razones expuestas corresponde hacer lugar a la demanda, y condenar al I.P.S. a que restituya a la actora a la situación que gozaba con anterioridad al dictado de la resolución y reintegre las sumas que en concepto de cargo deudor le haya cobrado a la demandante con más intereses de ley desde la fecha de su percepción hasta su efectiva devolución."
Bloque dispositivo final: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda, lo que importa (i) anular los actos impugnados, (ii) dejar sin efecto el cargo deudor practicado, (iii) condenar al Instituto de Previsión Social a reponer a la actora en la situación jurídica de que gozaba con anterioridad al dictado de la resolución cuestionada y a devolver, las sumas que hubiere retenido en cumplimiento de ésta; todo ello dentro de los sesenta días de quedar firme la presente ..."
¿Cómo votaron los jueces?
Mayoría integrada por los Dres. Negri, Soria, de Lázzari, Hitters, Genoud y Kogan; la decisión se funda primordialmente en la aplicación del art. 117 del decreto ley 7647/1970 (límite temporal/equidad a la anulación administrativa) y en la constatación de que la Administración conoció el doble beneficio en octubre de 1994 y dictó la anulación en abril de 1997, vencido el plazo prescriptivo bienal aplicable según la doctrina citada.
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