Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. N° B-137.345/05 (Tribunal Contencioso Administrativo) Amparo: De Vargas, Rafael Ernesto c/ Estado Provincial
El actor promovió amparo por mora contra el Estado Provincial reclamando que se expidiera y que se resolviera un recurso jerárquico. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado y confirmó la decisión de la instancia de grado, imponiendo las costas al recurrente y regulando honorarios.
¿Quién es el actor?
Rafael Ernesto de Vargas (actor en el amparo).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (representado por el Dr. Osvaldo Silvio Piceda, Procurador Fiscal).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por mora para que la administración se expida sobre una aclaratoria y resuelva el recurso jerárquico que tramita en el expediente administrativo Nº 0200-018/04.
¿Qué se resolvió?
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial (confirmando la decisión de primera instancia en cuanto al amparo por mora), impuso las costas al recurrente y reguló honorarios de la letrada de la parte actuante en $450 más IVA si correspondiera.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, de las constancias del expte. administrativo Nº 0200-018/04, caratulado 'I/Recurso Jerárquico c/ Res. Nº 0048-BS-04 de fecha 15 de Enero de 2.004', que en fotocopia certificada rola agregado al principal, como bien lo señala el tribunal a quo, se advierte que efectivamente la autoridad administrativa no resolvió la aclaratoria deducida por el actor en contra del auto de apertura a prueba (fs. 28) por ende no ha concluido con el trámite pertinente, de conformidad a los arts. 144 y cc. de la Ley Procesal Administrativa, que permita dictar decisión administrativa respecto al recurso jerárquico interpuesto por el accionante en los mencionados autos."
"En consecuencia, surge evidente que la autoridad administrativa ha incumplido con la normativa del art. 33 de la Constitución Provincial que establece la obligación a pronunciarse dentro del plazo que establezca la ley o en su defecto en el que fuere razonable, y constituye un deber de la administración pública la simplificación y agilización de trámites. Mas aún, teniendo en cuenta, en el caso de autos, el excesivo tiempo transcurrido desde que la aclaratoria fue interpuesta por el actor."
Respecto de las astreintes, el voto principal señaló:
"En consecuencia, el recurso interpuesto en este punto, debe ser acogido. De tal modo, opino que debe hacerse lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Dr. Osvaldo Silvio Piceda... y en su mérito, dejar sin efecto el punto 2) de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo el 22 de marzo de 2.006."
¿Cómo votaron los jueces?
los Dres. Tizón, del Campo y la Dra. Castro coincidieron en que las astreintes, en cuanto apercibimiento, no deben entenderse aplicadas automáticamente y que su efectivización requiere pronunciamiento ulterior; igualmente éstos se pronunciaron por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad y por imponer las costas al recurrente. En particular, el Dr. Tizón sostuvo que "las astreintes tienen, en ese primer escalón, la naturaleza de un mero apercibimiento, que por tanto no las hacen aplicables en forma automática por el solo vencimiento del término previsto para el cumplimiento de la obligación."
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