Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-106063/03 (Tribunal Contencioso Administrativo): Contencioso Administrativo: Ramos, Hugo Nicolás c/ Comisión Municipal de Tumbaya
La Comisión Municipal de Tumbaya recurrió por inconstitucionalidad contra la sentencia que aprobó la liquidación practicada por Secretaría en ejecución de la condena dictada el 17/12/2004. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por no advertir arbitrariedad ni falta decisoria, impuso costas a la recurrente y difirió la regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Hugo Nicolás Ramos (actor originario en el expediente principal).
¿A quién se demanda?
Comisión Municipal de Tumbaya (recurrente en este expediente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se discute la revisión de la resolución que mandó a aprobar la planilla de liquidación practicada por Secretaría en ejecución de la sentencia principal (condena dictada el 17/12/2004), y se cuestionan, entre otros, la liquidación de montos e imputación de pagos y la regulación de honorarios profesionales.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Municipal de Tumbaya; imponer las costas a la recurrente y diferir la regulación de los honorarios profesionales para que la practique el tribunal de grado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Una vez más debemos reiterar aquí que el recurso de inconstitucionalidad local del art. 8 de la ley 4346, reformada por la ley Nº 4848, no ha sido previsto para acoger meras discrepancias de interpretación entre lo decidido y lo pretendido por el quejoso.
La doctrina de la arbitrariedad no autoriza al Superior Tribunal de Justicia a sustituir el criterio de los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que los mismos resuelvan. Ella no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales a raíz del desacuerdo del recurrente con la solución arbitrada por aquellos en dichas cuestiones. Posee un carácter estrictamente excepcional y para su aceptación exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación. Vicio que no advierto -lo reitero- en el caso de autos (L.A. Nº 45,Fº 1039/1040, Nº 454)."
"Por lo expuesto corresponde, rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Dr. Arnaldo Lucio Plaza, con costas a la vencida en conformidad al principio objetivo de la derrota (art. 102 del Código Procesal Civil), y para diferir la regulación de los honorarios profesionales para cuando la efectúe el tribunal de grado."
¿Cómo votaron los jueces?
"Con la consideración debida me aparto de la solución propuesta en el voto del Sr. Vocal Presidente de trámite, para propiciar la admisión parcial de este recurso.
Coincido en que el primero de los agravios debe desestimarse porque, en efecto, el argumento que trae a consideración el recurrente (que el actor no desempeñó las funciones que su cargo le imponía) no fueron planteados ante el Tribunal de la causa en tiempo oportuno. ...
El cuestionamiento del recurrente que sí encuentro atendible es el que refiere a la cuantía de los honorarios profesionales. Ello por dos razones. La primera, porque el Tribunal lo determina en base al 20% del capital de condena, no obstante que en el juicio no se desarrollaron las tres etapas que justificarían ese porcentaje, sino solo una (la primera), en tanto la causa no se abrió a prueba ni se celebró la audiencia que prescribe el art. 57 del C.C.A., de modo que el porcentaje en cuestión no debió superar el tercio de la escala del art. 6º de la ley 1687, según lo prescribe su art. 10º.
El segundo desajuste que encuentro en la regulación practicada es que para determinarla se tomó como base el monto del capital de condena (comprensivo de los rubros reclamados y sus intereses), no obstante que en el mismo resolutorio se advierte y dispone que en la etapa de ejecución de la sentencia, deberán deducirse los pagos ya concretados por el demandado merced al embargo dispuesto por el Tribunal de Familia en el Expte. Nº 101.525/2003 (agregado en copia por cuerda).
Propongo por ello revocar la regulación de honorarios cuestionada disponiendo que el Tribunal de la causa la practique una vez firme la liquidación en la que se determine el monto que el demandado mantenía insoluto a la fecha de la demanda."
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