Padulo, Roberto Enrique c/Municipalidad de Quilmes s/Demanda contencioso administrativa
Demanda contencioso administrativa por pago de certificación de variaciones de costos cedida. La Corte rechazó la demanda al entender que la rescisión del contrato y las normas administrativas (Decreto 1730/84, ley 6021 y Ordenanza 165) habilitan la afectación y retención de créditos pendientes y exigen liquidación final, haciendo inaplicable la cesión para exigir pago inmediato.
¿Quién es el actor?
Roberto Enrique Padulo, en virtud de cesión de derechos y acciones efectuada por la contratista Obri S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Quilmes.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago del certificado de variaciones de costos nº 8 correspondiente a la obra “Construcción Escuela Nº 79 de Quilmes”, con actualización, intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda. Costas por su orden. Regulados honorarios del apoderado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"No resulta procedente entonces pretender el pago de un crédito proveniente de la ejecución contractual cuando el art. 4º del decreto 1730 dispone el cobro de la multa aplicada al contratista mediante el descuento de su importe de las certificaciones pendientes de pago o presentación."
"El modo anormal en que se resuelve el contrato determina la necesidad de realizar un balance final de la obra con una liquidación de los trabajos hasta el momento de la rescisión. El cobro queda entonces sujeto, por expresa previsión legal, a una estimación definitiva de las tareas realizadas."
"De allí que la cesión instrumentada carece de aptitud para pretender el cobro de la certificación por la presente demanda. Los créditos del contrato se encuentran sujetos a las normas administrativas que rigen dicha vinculación y el interesado debe someterse a ella, no pudiendo sustraerse por su voluntad al cumplimiento de disposiciones de derecho público."
Se transcriben los párrafos relevantes del voto mayoritario que sustentan la decisión, incluyendo la remisión a la ley 6021, el Decreto 1730 (7-XI-84) y la Ordenanza General 165, y la explicación de que las retenciones y multas aplicadas al contratista afectan las certificaciones pendientes y requieren liquidación final antes de cualquier pago.
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