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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 8965/06 (Sala I – Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Incidente de Levantamiento de Embargo en Expte. B – 45.829/99: Sajama, Elida Mabel c/ Su Crédito S.A

Incidente de levantamiento de embargo por inembargabilidad de haberes derivado de ejecución de pagaré. El Superior Tribunal hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad de Su Crédito S.A., revocó la sentencia de la Cámara que ordenó el levantamiento del embargo y confirmó la resolución de primera instancia del 17/10/2005.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
4842/2006
Recurso de inconstitucionalidad Incidente de inembargabilidad Embargo de haberes Pagare Ejecucion Sentencia firme Derecho de propiedad Abuso del derecho Costas Regulacion de honorarios.

¿Quién es el actor?

Su Crédito S.A., representada por el Dr. Luis Enrique Gonza, dedujo recurso de inconstitucionalidad.

¿A quién se demanda?

Elida Mabel Sajama (interesada en el incidente de inembargabilidad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se discute el incidente de inembargabilidad/levantamiento de embargo sobre haberes de la ejecutada en causa ejecutiva por pagaré (Expte. B–45829/99). La Cámara de Apelaciones había hecho lugar al recurso de apelación de Sajama y ordenado levantar el embargo; el acreedor recurre por inconstitucionalidad alegando afectación del derecho de propiedad y violación del debido proceso.

¿Qué se resolvió?

El Superior Tribunal hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Cámara (que había concedido el levantamiento) y rechazó el recurso de apelación interpuesto por Elida Mabel Sajama, confirmando la resolución de Primera Instancia de fecha 17/10/2005. Se impusieron las costas de alzada y de esta instancia a Sajama y se diferirá la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, la normativa invocada por la incidentista y aplicada en la especie por el a-quo, decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894 que establece la inembargabilidad de los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la Administración nacional, provincial y municipal por obligaciones emergentes de préstamos en dinero, dictada el 13 de octubre de 1.943, con la intención legislativa de procurar combatir la usura y desalentar a prestamistas inescrupulosos, pretendiendo dar mayor transparencia al endeudamiento de los empleados públicos, de disímil examen o control de constitucionalidad en la doctrina y jurisprudencia nacional por –entre otros cuestionamientos- la discriminación que realiza y que no es del caso analizarla, de una interpretación racional y armónica de sus disposiciones (art. 1º y 11 inc. a) y b)) surge que sea mutuo dinerario o suministro de mercaderías, los créditos podrán hacerse efectivos mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda (Cftr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala Civ. y Com., 15/09/2004, “Banca Nazionale del Laboro c. Savid, Domingo y otra, publicado en LLC 2004 (diciembre), 1131)."

"Siendo ello, de correcta hermenéutica, cabe analizar que en la especie, perseguido el cobro de una deuda instrumentada en un título por su naturaleza abstracto –pagaré- y recaída sentencia condenatoria firme en el proceso ejecutivo en el que, en principio, está vedado investigar la causa de la obligación y además, no se han opuesto excepciones o defensas causales ni de ningún tipo, no existe en mi opinión razón jurídica alguna que avale y sustente el impedimento de trabar embargo ejecutorio a fin de satisfacer la acreencia."

"La solución asumida por la Alzada en la sentencia impugnada, al obligar al acreedor ejecutante a recurrir a un juicio ordinario para obtener el saldo de su legítima acreencia, no obstante una resolución condenatoria firme y la inexistencia de oposición de la ejecutada, a más del contrasentido que entraña y el desgaste económico y jurisdiccional innecesario que provoca, a mi criterio, también conlleva a otorgar tutela jurídica a un claro y evidente ejercicio abusivo del derecho, vedado por el artículo 1071 del Código Civil, lesionando asimismo el derecho de propiedad del acreedor, sin razón que lo justifique, por lo que debe ser descalificada por la vía tentada."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Bernal (voto principal) propuso y fundamentó la admisión del recurso de inconstitucionalidad; el Dr. González adhirió. El Dr. Tizón disintió y votó por el rechazo del recurso, considerando que la sentencia recurrida no incurrió en arbitrariedad ni violación constitucional y que la apelación debía rechazarse; el Dr. del Campo adhirió al voto de la Dra. Bernal. El acuerdo final refleja la posición de la mayoría (Bernal, González, del Campo).

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