Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº A-46672/03 (Sala I - Tribunal del Trabajo) Cobro de indemnización por incapacidad derivada de enfermedad del trabajo: Jacinta Elvira Cáceres de Zalazar c/ Estado Provincial
El Estado provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la liquidación de indemnización por incapacidad derivada de enfermedad del trabajo. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y confirmó la doctrina provincial sobre el método de cálculo de intereses (aplicación del Comunicado 14.290 del BCRA desde el 29/10/2002), por no advertir lesión constitucional ni arbitrariedad.
¿Quién es el actor?
Estado Provincial (recurrente: Dr. Osvaldo Silvio Piceda, con patrocinio letrado de Mónica Beatriz Torres).
¿A quién se demanda?
Jacinta Elvira Cáceres de Zalazar (parte que obtuvo la liquidación ante el Tribunal del Trabajo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se cuestiona la planilla de liquidación de indemnización por incapacidad derivada de enfermedad del trabajo y, en particular, el método aplicado para el cálculo de intereses (cuestionamiento de la aplicación de la doctrina que sustituyó la Acordada 5/96 por la fórmula contenida en el Comunicado 14.290 del BCRA).
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado; imponer costas al vencido y diferir la regulación de honorarios profesionales. Sentencia acordada por unanimidad (los Dres. Tizón, del Campo, Farfán y Puig adherentes).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que los reparos formulados al fallo mediante los cuales el Estado pretende indirectamente la revisión de la doctrina legal respecto del método de cálculo de intereses -esto es la aplicación de la Acordada Nº 5/96 hasta el 29 de octubre de 2002 y desde allí en adelante la fórmula del Banco Central de la República Argentina (Comunicado 14290)- deben ser rechazados toda vez que constituyen simples discrepancias respecto de lo decidido y carecen de entidad para demostrar lesión alguna de índole constitucional."
"Al respecto, cabe recordar que por el primero de aquellos pronunciamientos -L.A. 45, Fº 977/978, Nº 429- el Superior Tribunal de Justicia sustituyó el procedimiento de liquidación de la tasa de interés pasiva promedio. En efecto, abandonó el método de la resta -sentado mediante la Acordada 5/96- entre las tasas vigente al momento de pago y aquella al tiempo de la mora y, en cambio, estableció la fórmula contenida en el Comunicado 14.290 del Banco Central de la República Argentina. El Tribunal advirtió, en esa oportunidad, que el cálculo mediante el primer sistema arrojaba una tasa pasiva promedio superior a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y esa distorsión -obra de la realidad económica cambiante- justificaba su reemplazo toda vez que había quedado desvirtuada la finalidad tenida en cuenta al fijarla. Por el segundo de los precedentes citados -L.A. 45, Fº 1185/1188, Nº 519- se determinó que aquella fórmula habría de aplicarse a las liquidaciones judiciales a partir del 29 de octubre de 2002."
"Que en suma, la lectura de tales antecedentes revela que esa solución jurídica se imponía ante “una incontestable demanda de la realidad” y dicha solución, racionalmente posible, fue resultado del indeclinable deber del Superior Tribunal de Justicia -en tanto titular del Poder Judicial de la Provincia (artículo 144 de la Constitución de Jujuy)- de sopesar con un grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones. Es que las soluciones disvaliosas son incompatibles con el quehacer judicial."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Tizón contiene los fundamentos principales; los Dres. José Manuel del Campo, Víctor Eduardo Farfán y Mario Ramón Puig adhieren al voto que antecede (acuerdo unánime). El dispositivo final confirma expresamente el rechazo del recurso.
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