Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº B –30029/98 (Sala I – Cámara en lo Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Moisés Roberto Vargas c/ Balut Hermanos S.R.L
La parte recurrente impugnó por inconstitucional la resolución que declaró la caducidad de la instancia en una demanda ordinaria por daños y perjuicios en autos “Moisés Roberto Vargas c/ Balut Hermanos S.R.L.”. El Superior Tribunal de Justicia rechazó ambos recursos de inconstitucionalidad con costas, entendiendo que la paralización del proceso se debió a la retención del expediente por el apoderado de la actora y que no hubo vulneración de los derechos de los menores.
¿Quién es el actor?
Originalmente Moisés Roberto Vargas (acción iniciada por él), luego continuada por su cónyuge Rómula Velásquez y en representación de sus hijos menores.
¿A quién se demanda?
Balut Hermanos S.R.L. (y terceros: Caja Popular de Ahorros, Estado Provincial y entes autárquicos, según las actuaciones).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda ordinaria por daños y perjuicios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la resolución de la Cámara que declaró la caducidad de la instancia; se impusieron costas a los recurrentes y se regularon honorarios para letrados intervinientes (monto detallado en la parte resolutiva).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, al expedirme en la causa registrada en L.A. Nº 48, Fº 1732/1734, Nº 605, reseñé que el instituto de la caducidad de instancia se apoya en una presunción tácita de abandono por parte del accionante y reconoce como fundamento principal el interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando de esta manera su prolongación indefinida en detrimento de la buena administración de justicia. Asimismo dije, que la caducidad se produce por el solo transcurso del tiempo y, sin posibilidad de ser cubierta por actos posteriores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 del Código Procesal Civil."
"Siendo ello así, los menores actores han gozado de la protección que la Convención de los Derechos del Niño les depara, a ser oídos, acceder a la jurisdicción continuando la acción que promoviera su progenitor fallecido -con la debida representación de su progenitora y del letrado a quién les confirieron mandato- y a que el proceso continuara conforme las normas fondo y adjetivas que lo disciplinan, por lo que no hay vulneración alguna de sus derechos."
"En ese orden y analizado el caso que ahora nos convoca, en mi opinión y como lo anticipé, está bien declarada la caducidad de la instancia (art. 200 del C.P.C.), toda vez que ... el expediente fue prestado al Dr. Yécora –letrado de la actora- el 24 de setiembre de 2.003 y devuelto el 06/05/05, no obstante haber sido intimado a su devolución mediante cédula puesta en casillero el 16 de diciembre de 2.003 (fs. 229), es decir, retuvo el expediente en su poder por un lapso de un año, siete meses y doce días."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Tizón disintió y sostuvo, entre otros puntos, que "En el litigio de autos están en juego los derechos de menores de edad, que de ningún modo pueden ser amputados por disposiciones del Código formal anteponiendo éste a garantías constitucionales..." y propuso hacer lugar a los recursos con costas a la contraria.
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