Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº B-138.195/05 (Sala III –Cámara Civil y Comercial- Vocalía 8) Incidente de ejecución de sentencia y honorarios en B-80437/01: F, M y S, C c/ Estado Provincial
El Estado Provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara Civil y Comercial que rechazó la aplicación de la ley 5320 al pago de sentencia y ordenó la ejecución. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso, confirmó la sentencia recurrida y condenó al Estado al pago de costas y regulación de honorarios por incumplimiento de las exigencias legales para diferir pagos.
¿Quién es el actor?
Estado Provincial (representado por la Dra. María Jimena Bernal en el recurso).
¿A quién se demanda?
F, M y S, C (actores originales) y sus apoderados (Drs. Jorge Alberto Vázquez y Venancio Llanes).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se promueve recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial (24/2/2006) que rechazó la aplicación de la ley provincial 5320 para diferir el pago de la sentencia y mandó seguir la ejecución; además se discute la inclusión o exclusión de honorarios profesionales en el régimen de las leyes 5320/5313.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad del Estado Provincial y se confirmó la sentencia de la Cámara Civil y Comercial; se impusieron las costas al Estado y se regularon honorarios: $150 para el Dr. Jorge A. Vázquez y $300 para el Dr. Venancio Llanes (más IVA, de corresponder).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Estado Provincial efectivamente ha incumplido la manda que el propio sistema establece por los argumentos que desarrollaré luego.
Entiendo, sin embargo, que no constituye en mi criterio fundamento para la exclusión de los regímenes de emergencia en general el invocado carácter alimentario de los honorarios profesionales. Remito en el punto a cuanto dije en “Comín c/ Estado Provincial” (L.A. Nº 48 Fº 470/474 Nº 160), reafirmando aquí que ese incuestionable carácter no es razón suficiente para entenderlos excluidos de los postulados de la ley 5320 si no converge alguno de los supuestos contemplados en la ley 5313."
"Siendo así, no todos los extremos que debe cumplir el Estado deudor –y que fueron establecidos por la ley como imperativo de su propio interés y conforme la interpretación que vengo propiciando- se encuentran satisfechos, por lo que concluyo en que en el sub-lite no es dable justificar la omisión del deber de acreditar el invocado agotamiento de partida presupuestaria del modo y por quien corresponde hacerlo."
"1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Estado Provincial en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial del veinticuatro de febrero de dos mil seis.
2. Imponer las costas al Estado recurrente y regular los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Alberto Vázquez y Venancio Llanes en las sumas de ciento cincuenta pesos ($ 150) y trescientos pesos ($ 300) respectivamente, a las que habrá de adicionarse el impuesto al valor agregado, de corresponder."
¿Cómo votaron los jueces?
La mayoría (Drs. González, Tizón, del Campo y Castro) acordó en el rechazo del recurso y en imponer costas al Estado. Hubo coincidencia en confirmar que el Estado no acreditó los recaudos exigidos por la ley 5320 para diferir el pago. En cuanto a los honorarios, el Dr. Tizón expresó su discrepancia doctrinal sobre la exclusión por carácter alimentario, pero adhirió al resultado; no existen votos en disidencia que alteren la solución mayoritaria.
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