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Tribunal Superior

Ponce de Cicchino, Ibes Helena c/Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/Demanda contencioso administrativa

La actora promovió demanda contencioso-administrativa solicitando la anulación de la Resolución 263/89 y del Decreto 4047/90 por prescripción de la acción disciplinaria contra su farmacia. La Corte rechazó la demanda al considerar válidos los actos administrativos y que las diligencias practicadas interrumpieron la prescripción, con sustento fáctico y legal en el expediente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-53678
Contencioso administrativo Prescripcion de la accion disciplinaria Interrupcion de la prescripcion Desvio de poder I.o.m.a. Resolucion 263/89 Decreto 4047/90 Decreto 7881/84 Prueba administrativa (actuaciones Declaraciones Informes) Remision a fiscalia (posible ilicito penal)

¿Quién es el actor?

Ibes Helena Ponce de Cicchino, titular de la Farmacia Cicchino.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la Resolución del Directorio de fecha 8-9-1989 (resol. 263/89) que rechazó la prescripción de la acción disciplinaria en actuaciones sumariales; y nulidad del Decreto 4047/90 que rechazó el recurso de apelación contra esa resolución. Petición subsidiaria: que se declare operada la prescripción y la consiguiente extinción de la potestad disciplinaria.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. Remítanse copias al Fiscal General Departamental de La Plata por posibles ilícitos penales; costas por su orden; regulados honorarios al letrado de la actora. Voto de la mayoría unánime (Ghione; Hitters; Laborde; Pettigiani; Pisano).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Siendo ello así, no encuentro vicio alguno en lo que hace a la causa del acto (antecedentes de derecho) que justifique su anulación. Porque -como se afirma en el responde- las decisiones administrativas deben dictarse conforme las normas que rijan al momento en que se pronuncian (B. 49.407; 'Rodríguez', sent. 2-VI-1992; B. 52.305, 'Sookoian', sent. 30-III-1993)."

"De tales circunstancias resulta que no asiste razón a la actora cuando afirma que toda la tramitación anterior a septiembre de 1986 no se refirió al hecho que en la misma fecha se le imputó. Por el contrario, no cabe duda que lo efectivamente investigado por la Administración fueron las prestaciones médicas por ella facturadas y que la investigación de la conducta de la afiliada o de los médicos firmantes fue encaminada a dilucidar tales circunstancias, más allá de que paralelamente se analizara la responsabilidad que a ellos cabía en las irregularidades detectadas."

"En efecto, la totalidad de estas actuaciones tuvieron como objetivo analizar si existían irregularidades en los recetarios correspondientes a prestaciones de farmacia presentadas para su cobro por la demandante, a los fines de comprobar la efectiva prestación de los servicios. Concluyo que la resolución impugnada tuvo adecuado sustento fáctico."

Además, sobre desviación de poder: "El vicio de desviación de poder se configura cuando la atribución del órgano administrativo ha sido usada con una finalidad distinta a la prevista en las normas. La demandante se ha limitado a afirmar en el escrito inicial que ha existido el vicio referido como consecuencia de la ausencia de respaldo normativo y fáctico de los actos que impugna. Circunstancia que, como ha quedado dicho, no ha logrado demostrar."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Ghione expuso fundamentos y votó por la negativa; los Dres. Hitters, Laborde, Pettigiani y Pisano adhieren a los fundamentos y votan por la negativa. Bloque dispositivo final: "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta."

Fechas y normas relevantes citadas en el fallo: hechos ocurridos en septiembre de 1982; expediente de verificación caratulado 30-V-1983; actuaciones interruptivas en 1984, 1985 y 1986 (declaraciones y dictámenes); decreto 7881/84 que fijó plazo de prescripción de 3 años; referencia a dec. ley 7647/70 y dec. ley 8904 y ley 8455 para regulación de honorarios.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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