Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-134.131/05 (Sala II – Tribunal del Trabajo) Incidente de desconsolidación y ejecución de sentencia en expte. A-95.772/95: María Flores de Culcuy c/ Estado Provincial
Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Estado provincial contra la exclusión de la consolidación de un crédito laboral y la intimación al pago. El Superior Tribunal rechazó el recurso por existir falta de agravios y porque el régimen de consolidación expiró el 31 de marzo de 2007, imponiendo costas al vencido.
¿Quién es el actor?
La doctora Liliana Beatriz Argote en representación del Estado provincial (recurrente).
¿A quién se demanda?
María Flores de Culcuy (acreedora ejecutante; expediente originario A-95.772/95 ante Tribunal del Trabajo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se cuestiona la decisión de la Sala II del Tribunal del Trabajo que excluyó del régimen de consolidación el crédito del actor e intimó al Estado a depositar $75.023,50 (calculados al 6 de octubre de 1998) más intereses, y se discute la validez/entrega de títulos de deuda pública provincial en el marco de los Decretos Nº 88-E-91 y 317-E-96.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación del Estado provincial; imponer las costas al vencido y diferir la regulación de honorarios profesionales. Resolución dictada por mayoría (los Dres. del Campo, Mateo, Demattei de Alcoba y González de Prada).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que la Sala II del Tribunal del Trabajo (fs. 68/69 y 73) excluyó del régimen de consolidación al crédito del actor e intimó al Estado a depositar –en el término de cinco días- la cantidad de $ 75.023,50, calculados al 6 de octubre de 1998, con más los intereses de acuerdo a la doctrina legal en la materia."
"Que disconforme con esa decisión, el vencido, interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fs. 7/15). Insiste, en suma, en la consolidación de la deuda y sostiene la validez de los títulos de la deuda pública provincial que ofrece."
"Que con relación a la consolidación de la deuda y a la pretendida entrega de los títulos que deriva del sistema establecido por el Decreto Nº 88-E-91 y 317-E-96 cabe puntualizar –como acertadamente señala la señora Fiscal General Adjunto (fs. 39/42)- que resulta inoficioso emitir pronunciamiento toda vez que el plazo de dieciséis años que consagraba aquél régimen expiró el 31 de marzo de 2007. La inexistencia de agravios es evidente y determina la suerte del remedio en este punto."
"En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la doctora Liliana Beatriz Argote en representación del Estado provincial; imponer las costas al vencido (artículo 102 del Código Procesal Civil) y diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto sean determinados en la instancia precedente."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que contiene los fundamentos fue acompañado por los Dres. Enrique Rogelio Mateo, Noemí Adela Demattei de Alcoba y María Victoria González de Prada (adhieren al voto que antecede). No consta disidencia.
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