JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Empresa Hípica Argentina S.A. c/Provincia de Buenos Aires (P. Ejec.) s/Demanda contencioso administrativa

La actora demandó por daños y perjuicios atribuidos a la alteración del marco económico del contrato de concesión del Hipódromo de La Plata. La Corte rechazó la demanda por inexistir incumplimiento contractual ni prueba suficiente de violación de la buena fe o de nexo causal entre el convenio 599/85 y la pérdida reclamada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-53435
Concesion Hipodromo Responsabilidad contractual Perdida de chance Agencias receptoras de apuestas Convenio 599/85 Prueba Buena fe contractual Alea del negocio Provincia de buenos aires

¿Quién es el actor?

Empresa Hípica Argentina S.A., concesionaria de la explotación del Hipódromo de La Plata.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios y por la pérdida de expectativas de ganancia, originados en la autorización e instalación de agencias receptoras de apuestas para el Hipódromo Argentino (convenio 599/85 y su implementación), que habrían alterado las condiciones económicas del contrato de concesión suscripto el 26-12-1983.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. La Sala —por mayoría— votó por la negativa y condenó en costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"2. De la lectura del pliego de bases y condiciones, como del acuerdo suscripto por las partes, se desprende que los únicos ingresos del concesionario -provenientes de la explotación del Hipódromo de La Plata- consistían en el 21,8% de las apuestas en sus modalidades vigentes a esa fecha; el producido de las entradas del público deducida la tasa municipal; la recaudación por la inscripción de caballos SPC; los derechos del Instituto de Hipología; los canones provenientes del uso u ocupación de las instalaciones del recinto; los excedentes de los dividendos del sport; el total de los boletos caducados; y los canones por concesiones, permisos y publicidad (art. 12 inc. 1º a 8º, ley 10.040 cit.; pto. 2.3, Pliego de Bases y Condiciones, dec. 464/83 cit.). Es decir, que tanto al tiempo del llamado a licitación, como al suscribir el contrato se pactó que los únicos ingresos a los que tenía derecho el concesionario estaban tasados con anterioridad, por lo que no cabe inferir de la norma predicha una garantía de rentabilidad o un mínimo de recaudación. Por el contrario, el inc. 1º del art. 12, otorgó un beneficio porcentual respecto de las apuestas y no una cantidad fija de ganancias. [...] De este modo se constituye el álea normal del negocio al que la misma se sometió, debiendo ahora hacerse cargo de sus consecuencias."

"3. En otro aspecto y en lo referente a las agencias receptoras, el marco normativo de la concesión preveía que el concesionario mantendría la habilitación de las agencias que -a esa fecha- se hallaban autorizadas no pudiendo habilitar otras sin autorización de la concedente (v. pto. 2.12.1, Pliego de Bases y Condiciones cit.; art. 24, ley 10.040). En contrapartida el concesionario quedaba subrogado de los derechos, facultades y obligaciones de la Dirección Provincial de Lotería, respecto de los titulares de las agencias según los respectivos contratos vigentes a esa fecha (v. pto. 2.12.2, Pliego de Bases y Condiciones cit.; art. 24, ley 10.040). Por último se acordó que la Provincia de Buenos Aires podría disponer tanto la caducidad de los contratos referidos como los requisitos a reunir por los titulares de agencias (v. pto. 2.12.3, Pliego de Bases y Condiciones cit.; art. 24, ley 10.040). Surge del texto que la concedente reservó para sí la facultad de habilitación y control de las agencias receptoras de apuestas. Tampoco individualizó o garantizó que aquellas debían ser receptoras para el Hipódromo de La Plata exclusivamente."

"5. Concluyo entonces, a mérito del examen de las cláusulas contractuales de aplicación, que no ha existido por parte de la administración una conducta contraria a las previsiones de la contratación. Es decir, el agravio contenido en pretensión liminar se sustenta en la violación de una pretendida obligación impuesta a la concedente, que no se halla consagrada en forma expresa en la normativa de aplicación que debe regir el caso. Esta Corte tiene dicho que las cláusulas de los contratos administrativos deben interpretarse de permitirlo su letra, de conformidad con el régimen legal al que se encuentran sometidos, preservando así la validez de aquellas y la necesaria primacía de éste (arg. arts. 218 inc. 3º, C.Com.; 16, C.Civ. y 171, Cont. prov.; B. 49.224, "Cichero de Urreaga", sent. 11-XII-84)."

Observación sobre la prueba y la buena fe: el Tribunal resaltó que la actora no aportó prueba concreta del quebranto a la buena fe contractual ni del nexo causal entre la instrumentación del convenio 599/85 y el perjuicio económico alegado, y recordó que la carga de la prueba corresponde al peticionario en materia contencioso administrativa.

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que encabeza (Hitters) propone la negativa y fue acompañado por los otros cuatro jueces; por tanto la decisión del Tribunal (Corte) es la de rechazo de la demanda.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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