Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 8872/05 (Sala II - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) Ordinario por nulidad de contrato en Expte. Nº 63.387/00: Sánchez Di Pietro, Cecilia A. c/ Compañía Industrial Cervecera S.A
La actora impugnó la validez de una escritura pública de constitución de hipoteca por falta de discernimiento y solicitó la nulidad del contrato de garantía. El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de la Cámara y rechazó el recurso de inconstitucionalidad, sosteniendo que la prueba pericial no acreditó que la otorgante estuviera privada del uso de la razón al tiempo del acto.
¿Quién es el actor?
Cecilia Andrea Sánchez Di Pietro, representada por el Dr. Pablo Baca.
¿A quién se demanda?
Compañía Industrial Cervecera S.A. (acreedora); también intervienen Haydee Julia Di Pietro y Juan Fernando Sánchez (copropietarios/otorgantes).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la Escritura Pública Nº 236 de fecha 16/11/1999 que constituyó hipoteca sobre un inmueble (Parcela 5-c, Padrón E-70, Matrícula E-19403) por falta de discernimiento de la actora; petitorias relacionadas con la inaplicabilidad de la hipoteca respecto de la copropiedad de la actora.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad, confirmar la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de fecha 21/06/2006 que había revocado la sentencia de primera instancia y rechazado la demanda. Imposición de costas por el orden causado y diferimiento de la regulación de honorarios hasta existencia de base económica.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En autos, conforme lo considerado por el tribunal en grado, no se logró acreditar que la otorgante en el momento de formalizar el acto carecía de discernimiento, ya que si bien la pericia psiquiátrica y los informes médicos agregados a la causa principal (fs. 4/7, 186/196 y fs. 243), dan cuenta de la patología que padecía la actora y de las circunstancias personales que la rodearon, el mismo concluye en que sólo constituían 'una limitante', pero no significaban -de manera alguna- la pérdida de razón, conforme lo exige la norma."
"La doctrina de la arbitrariedad no autoriza al Superior Tribunal de Justicia a sustituir el criterio de los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que los mismos resuelven, sino que tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales a raíz del desacuerdo del recurrente con la solución arbitrada por aquellos en dichas cuestiones. Posee un carácter estrictamente excepcional y para su aceptación exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación. Vicio que no advierto -lo reitero- en el caso de autos (L.A. Nº45,Fº1039/1040, Nº454)."
"Por lo expuesto voto para rechazar el recurso de inconstitucionalidad tentado por el Dr. Pablo Baca en representación de la señora Cecilia Andrea Sanchez Di Pietro y confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de fecha 21 de junio de 2006. Imponer las costas de esta instancia extraordinaria por el orden causado (art. 102 -2º párrafo del Código Procesal Civil), en razón de que al igual que el tribunal en grado, estimo que se litigó 'con algún derecho y buena fé' y diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto exista base firme para ello (art. 11 L.A.)."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. del Campo, Bernal y González adhieren al voto del Dr. Tizón (mayoría unánime del pleno que resolvió).
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