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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº 8917/06 (Sala II – Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Ordinario por reivindicación: Mamaní, Oscar R.; Quispe, Reinaldo D. y Quispe, Gustavo c/ Morales, José; Morales, Rubén W. y/o cual

José Morales, por recurso de inconstitucionalidad, impugna la confirmación de la sentencia que hizo lugar a acción de reivindicación y ordenó su desalojo. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por inadmisibilidad de los agravios y por correcta valoración de la prueba, confirmando la sentencia de mérito y con costas a la recurrente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
4928/2006
Reivindicacion Desalojo Posesion Valoracion de la prueba Recurso de inconstitucionalidad Inadmisibilidad Cesion de derechos y acciones Costas Regulacion de honorarios Articulo 11 ley 1687

¿Quién es el actor?

Recurrente: José Morales, representado por el Dr. Héctor Guillermo Figueroa (deduce recurso de inconstitucionalidad).

¿A quién se demanda?

Actores en el proceso principal: Oscar Rómulo Mamaní, Reinaldo David Quispe y Gustavo Daniel Quispe (parte beneficiaria de la reivindicación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial (Sala II) de fecha 24/08/2006 que rechazó la apelación del Sr. Morales y confirmó la de primera instancia que hizo lugar a la acción de reivindicación, condenándolo a desocupar y entregar el inmueble ubicado en La Quiaca; el recurrente alega vulneración de derechos y garantías por presunta incorrecta valoración probatoria y aplicación indebida del derecho (invoca título boleto de compraventa y Escritura Pública Nº 72).

¿Qué se resolvió?

El Superior Tribunal de Justicia, por mayoría, resolvió: 1) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Figueroa en representación de José Morales, con costas; 2) diferir la regulación de honorarios hasta poder aplicar el artículo 11 de la ley 1687; 3) registrar y notificar. Voto de la Dra. Bernal y adhesión de los Dres. González, Tizón y del Campo. Fecha del acuerdo: 27/08/2007.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar, el recurso intentado incurre en manifiesta insuficiencia, desde que las argumentaciones que se esgrimen se sustentan exclusivamente en el parecer del impugnante, respecto del modo en que debieron valorarse los hechos y las pruebas, como el derecho aplicable, en consecuencia, las quejas expuestas no dejan entrever más que la mera disconformidad con lo decidido en las instancias anteriores, por ende, carecen de la entidad jurídica exigida para habilitar la presente instancia."

La sentencia remite la motivación de la Cámara: "la reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares; ella se concede al propietario que ha perdido la posesión o que tiene el derecho de poseer, contra aquel que efectivamente la posee y que no puede oponer un título mejor que el del actor. ... De ambos instrumentos surge que los demandantes tienen el derecho a poseer, por ser titulares registrales del inmueble en cuestión... en virtud de la cesibilidad de la acción de reivindicación, sin necesidad de tradición..." (fs. 211/214 del principal).

"En definitiva, el fallo recurrido se encuentra exento de vicios, puesto que en el mismo no sólo se han expresado fundamentos acordes a los planteos introducidos por las partes sino que resulta una adecuada conclusión de la prueba existente en la causa, con ajuste a la legislación aplicable y, el obstinado desconocimiento de la plataforma fáctica y jurídica establecida por el juzgador determina la inadmisibilidad total de la queja esgrimida."

También se consideró la falta de diligencia y la naturaleza del título invocado: "el título que le sirve de base es un contrato de cesión de derechos y acciones, a través del cual no se trasmiten cosas sino derechos (artículo 1444 del Código Civil)..." y se aplicó el principio procesal para imponer costas al recurrente (art. 102, primer párrafo del Código Procesal Civil).

No consta voto en disidencia relevante; los Dres. González, Tizón y del Campo adhieren al voto de la Dra. Bernal.

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