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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. B-161.824/06 (Tribunal Contencioso Administrativo) Amparo por mora administrativa: Valdez, Ana María c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy

La actora promovió amparo por mora administrativa contra la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicitando que se expidiera sobre peticiones formuladas en 2004 y 2005. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad municipal y confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que ordenó a la administración expedirse, imponiendo costas a la recurrente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
5082/2006
Amparo por mora administrativa Municipalidad de san salvador de jujuy Denegatoria tacita Deber de expedirse Recurso de inconstitucionalidad Costas Honorarios $300 Constitucion provincial art. 63 Tribunal contencioso administrativo Confirmacion de sentencia.

¿Quién es el actor?

Ana María Valdez.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Salvador de Jujuy (Poder Ejecutivo municipal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora administrativa; que la Municipalidad se expida respecto de peticiones formuladas el 17/02/2004 y el 18/10/2005.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad y se confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (31/10/2006) que condenó a la Municipalidad a expedirse en el plazo de diez días. Se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios por $300 más IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Textos transcritos del fallo (párrafos más relevantes, lenguaje original):

"No ha sido objeto de controversia que el 17 de febrero de 2004 y el 18 de octubre de 2005, la amparista formuló al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de esta ciudad, se tomara alguna medida para resolver la cuestión planteada.

Tampoco ha negado la demandada que esos pedidos no fueron ponderados ni resueltos por funcionario alguno.

Tales circunstancias justifican la decisión del a-quo de mandar a la administración a remover la mora señalada, expidiéndose."

Cita textual sobre deber administrativo y amparo:

"como correlato del derecho de cualquier ciudadano a peticionar, está el deber de todo funcionario requerido a expedirse, admitiendo, desestimando o dando el trámite necesario a la cuestión planteada. Nada excusa de ese deber porque, en gran medida, de ello depende no sólo la buena administración, sino el respeto de los derechos ciudadanos más elementales, como –entre otros- el de peticionar, a obtener una decisión fundada en tiempo oportuno y a recibir trato diligente y respetuoso de los funcionarios públicos (art. 63, inc. 3 de la Constitución Provincial). En caso de cercenamiento de tales garantías, tanto la Constitución Nacional como la Provincial acuerdan la vía de amparo para remover el agravio y llevar las cosas en su quicio (artículo 43 y 41, respectivamente)"

Sobre la pretensión de la Municipalidad respecto de la denegatoria tácita:

"La pretensión de la recurrente en cuanto a que debió entenderse el silencio como denegatoria tácita rechazándose por ello la demanda, no tiene asidero alguno. Tal como lo señala el Ministerio Público los precedentes que la quejosa evoca en abono de su postura fueron dictados cuando se trató de la mora atribuida a funcionario ante quien pendía la resolución de recurso de revocatoria articulado en contra de decisión expresa de la administración y el administrado discurría, con su planteo, por la vía recursiva contemplada en la ley 1886.

El caso que nos ocupa no guarda similitud con esos precedentes porque ningún acto –expreso o tácito- de la Municipalidad ha sido sindicado como ilegítimo o arbitrario, sencillamente porque no existe y –en el particular caso de autos- la omisión en dictarla no es de la que puedan ser consideradas denegatorias tácitas."

Sobre costas y honorarios:

"De adherir mis pares a este criterio, las costas deberán ser impuestas a la recurrente vencida (art. 102 del C.P.C.)."

"propongo regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo F. Ricci por su actuación como patrocinante de la vencedora, en la suma de trescientos pesos ($ 300.-) más el impuesto al valor agregado, de corresponder."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. González como preopinante con adhesión de los Dres. Tizón, del Campo y Bernal; no hubo disidencia.

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