Sarria, Eduardo B. y ot. c/Gral. José de San Martín S.A. de Transportes y otros s/Medidas cautelares
Acción por medidas cautelares vinculada a ejecución de sentencia frente a empresa de transporte y aseguradoras. La Corte provincial rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 260/1997 aplicada al caso, por falta de idoneidad del recurso para desvirtuar los fundamentos del a quo y por vicios de razonabilidad y de límites del decreto.
¿Quién es el actor?
Sarria, Eduardo B. y otro.
¿A quién se demanda?
Gral. José de San Martín S.A. de Transportes y otros.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Medidas cautelares relacionadas con ejecución de sentencias y la aplicación del decreto 260/1997 (moratoria sectorial sobre deudas derivadas de siniestros de autotransporte).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la demandada; se confirmó la resolución de la Cámara que había rechazado la aplicación del decreto 260/1997 y lo había declarado inconstitucional en su aplicación al caso. Se impusieron costas al recurrente y se ordenó la pérdida del depósito previo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En mi opinión el recurso no puede prosperar. Se agravia el recurrente del rechazo efectuado por el a quo a su pedido de aplicación al caso de autos del decreto 260/1997, y en este sentido, sus argumentos sólo evidencian una mera oposición con los fundamentos del pronunciamiento atacado, sin rebatir adecuadamente las motivaciones esenciales del mismo. En tal inteligencia, corresponde recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no impugna idóneamente el fundamento esencial del fallo, planteando una opinión distinta de la del a quo, sin desmerecer el acierto de la decisión..."
"En conclusión: el decreto enjuiciado no resiste el análisis de compatibilidad con la Constitución. Si bien en el ordenamiento jurídico vigente no existen derechos absolutos, es decir, insusceptibles de adecuada y prudente reglamentación..., esa reglamentación siempre ha de ser razonable. Las condiciones necesarias de razonabilidad como requisito de validez para las medidas que se adopten remiten a una adecuada proporcionalidad en relación a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas."
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación... se expidió in re B. 94 XXXIV, 'Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César y otros s/ejecución de sentencia' -fallo de 2-VIII-2000- resolviendo por mayoría la inconstitucionalidad del decreto 260/1997 y de su prórroga -decreto 255/2000- por incurrir en similares vicios que aquél."
Observación sobre votos y mayoría: La sentencia sigue la línea de la mayoría integrada por los jueces que votaron por la negativa al recurso; los fundamentos centrales de inadmisibilidad del recurso se fundan en la insuficiente impugnación del fundamento esencial del a quo y en la conclusión sobre la inconstitucionalidad material y de razonabilidad del decreto 260/1997, en consonancia con el precedente de la CSJN citado.
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