Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-265.567/2011 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala III- Vocalía 9) Ordinario por Indemnización de Daños y Perjuicios: Aban Beatriz Solange y Caihuara Julio Orlando, por si y por su hija me
Los actores impugnaron por recurso de inconstitucionalidad la declaración de caducidad de la instancia en una demanda por indemnización de daños y perjuicios. La Sala I del Superior Tribunal rechazó el recurso, confirmando que mediaron dilaciones injustificadas y que la caducidad opera de pleno derecho; impuso costas y reguló honorarios por $1.870.
¿Quién es el actor?
Beatriz Solange Aban y Julio Orlando Caihuara, por sus propios derechos y en representación de su hija menor B. V. C.
¿A quién se demanda?
José Jesús Baltasar Pérez (Herederos), Flores Fanola Verónica Lorena, Caja de Seguros S.A., Rivainera Rodolfo Osvaldo, Emerger Fertilizantes S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. (carátula del expediente originario).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción ordinaria por indemnización de daños y perjuicios (expediente principal B-265.567/2011).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara que declaró la caducidad de la instancia; se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios por $1.870 más IVA si correspondiera. (Resolución final de fecha 30/10/2017).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en el decreto de fecha 17 de marzo del 2014 (fs. 19) se tuvo presente la ampliación de la demanda y se dispuso que se hiciera saber a la parte actora que el Dr. Luis Tárraga había renunciado al mandato. Más allá que el letrado se tomó un año para diligenciar el oficio al juez de Paz y casi otro año para notificar dicho acto, no tiene efecto interruptivo de la caducidad. En el caso el único acto de impulso procesal era la ampliación de demanda. Y más allá de la renuncia al mandato del Dr. Tárraga, debía continuar sus gestiones hasta vencido el plazo señalado.
De ello resulta, que la participación del nuevo letrado y ampliación de demanda se realizó cuando ya había caducado la instancia.
Por lo demás, la caducidad se opera de pleno derecho y no puede cubrirse con actos posteriores al vencimiento del plazo (art. 201 del C.P.C.)."
"Que en autos surge evidente el desinterés del proceso por parte de los actores pues, el deber que impone el art. 150 inc. 5 de la Constitución Provincial a los magistrados, como directores del proceso, de evitar su paralización no releva a las partes de darle impulso evitando que la desidia o la dejadez revelen una falta total de interés que se interpreta como abandono del proceso."
Además, cita la doctrina del Tribunal sobre la naturaleza excepcional y restrictiva de la perención de instancia y la exigencia de causas objetivas y graves para justificar la suspensión o interrupción de plazos (referencia a arts. 191, 192 y 298 del C.P.C. y a precedentes del Tribunal).
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Jenefes contiene el fundamento extenso y las Dras. Altamirano y De Langhe de Falcone adhieren, conformando mayoría unánime según el dispositivo final.
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