Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-039.596/2015 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I– Vocalía 2) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Quispe Valeria Andrea Josefina y Tejerina Hilda Gisela c/ Estado Pro
Los actoras promovieron recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de caducidad de la instancia en un proceso contencioso administrativo que impugnaba un acto administrativo. La Sala III rechazó el recurso y confirmó la sentencia de la Sala I, entendiendo acreditada la paralización del trámite y la procedencia del instituto de la caducidad previsto en el Código Contencioso Administrativo.
¿Quién es el actor?
Valeria Andrea Josefina Quispe y Hilda Gisela Tejerina, representadas por el Dr. Alfredo Ricardo Ruiz.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (representado por el Dr. Matías Federico Domínguez).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de un acto administrativo expreso individual (acción contencioso administrativa); las actoras intentan evitar la declaración de caducidad de la instancia y peticionan la inconstitucionalidad del art. 67 de la ley 1888 y, en general, la aplicación del régimen de caducidad al ámbito laboral.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad y se confirmó la sentencia de la Sala Primera que declaró operada la caducidad de la instancia, impuso costas a las recurrentes y regularizó honorarios por $2.800 al apoderado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo –mediante sentencia dictada el 20 de abril de 2017- hizo lugar a la defensa opuesta por el Estado Provincial y declaró operada la caducidad de la instancia; impuso las costas a la parte actora y reguló los honorarios profesionales."
"En consecuencia, surge de manera palmaria la paralización del trámite durante más de seis meses."
"Tampoco se probó que la paralización se haya debido a fuerza mayor o a causa no imputable a la actora (art. 68 C.C.A.). Tal como se dejó reseñado arriba, al solicitar la reserva en Secretaría solo invocó los artículos para fundar su petición, pero no hizo alusión a ninguna causa que justificaría la imposibilidad de contar con la prueba necesaria para ampliar la demanda, lo que recién alegó al contestar el traslado de la defensa opuesta por el Estado Provincial (fs. 63). Sin embargo, la imposibilidad que –dice- tuvo para acceder a las pruebas incorporadas desde fs. 17 a fs. 29 no surge acreditada en esos autos."
"La suspensión del trámite dispuesta a pedido de la actora impidió darle impulso de oficio, por lo que sólo cabía al Tribunal esperar que la parte interesada pidiera su reanudación. No habiéndolo hecho durante más de seis meses desde el último trámite tendiente a impulsar la causa la instancia debe entenderse perimida."
"Entiendo oportuno recordar mi postura respecto a los principios del derecho público que le confieren al instituto de la caducidad en el proceso contencioso administrativo un matiz propio. Ello así porque ... la caducidad contemplada en el Código específico (ley 1888) se opera en un plazo sensiblemente inferior (seis meses) al que el Código Procesal Civil prevé para los procesos ordinarios (un año), y una vez declarada confiere validez y firmeza a la resolución cuestionada (art. 71 C.C.A.)"
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Sergio Ricardo González votó con los fundamentos precedentemente transcritos; los Dres. Pablo Baca y Clara D. L. de Falcone adhieren al voto. El bloque dispositivo final dispone: "I. Rechazar el recurso... II. Imponer las costas a las recurrentes vencidas. III. Regular los honorarios... IV. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula."
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