Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-032.562/2014 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala I- Vocalía 1). Contencioso Administrativo de plena jurisdicción: P., M. S. c/ Estado Provincial
La actora demandó al Estado Provincial por retiro obligatorio y calificación de incapacidad derivada de presunto acoso laboral y abuso sexual en servicio. La Sala III hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Sala I por arbitrariedad en la valoración probatoria y remitió las actuaciones para nuevo pronunciamiento sobre el fondo.
¿Quién es el actor?
M. S. P., representada por el Dr. Ariel Fernando Contreras.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se reconozca que la incapacidad que motivó el retiro obligatorio de la agente policial fue contraída “en servicio” en los términos del art. 22 inc. b) y que, en consecuencia, corresponda su encuadre y reparo conforme la Ley Nº 3759/81; impugnación del retiro encuadrado por el Poder Ejecutivo en art. 14 inc. k) y art. 22 inc. c).
¿Qué se resolvió?
La Sala III hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de fecha 21/11/2016 dictada por la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que emita nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Impuso costas a la parte recurrida y reguló honorarios ($3.500 más IVA, si corresponde).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (citas textuales del fallo):
"En efecto de las actuaciones obrantes en las copias certificadas del expediente administrativo Nº 066-I/2011 (agregado por cuerda), surge que: a fs. 1/2 vta. obra denuncia efectuada por la agente en fecha 31-01-11 en la Unidad Regional Tres de Policía del Departamento de Humahuaca en la que relata haber sufrido una situación de abuso por parte de un superior (ampliación a fs. 10); a fs. 03 y vta. obra declaración testimonial de G. E. C. en apoyo de la denuncia de la actora; a fs. 14 se agrega informe psicológico (04-02-11) del Hospital Belgrano en el cual se le diagnostica: 'estado emocional vulnerable y con sintomatología ansiógena con diagnóstico de estrés post-traumático, situación desencadenada por índole traumática. Abuso Sexual…. Paciente que concuerda con criterios de haber sido abusada contra su integridad física y emocional'; a fs. 21 se adjunta evaluación psicológica emitida por la División Medicina Legal de la Policía de la Provincia, según la cual 'evidencia indicadores emocionales compatibles con la situación traumática de índole sexual'. Asimismo a raíz del hecho denunciado por la actora y en base a las pruebas antes referidas, a fs. 94 se incorpora la opinión de la Jefatura de Área Sumario U.R.3, a fs. 95 su elevación desde la Jefatura de la propia Unidad Regional al Departamento de Personal; a fs. 97/98 dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada Nº 1058/12, actuaciones que concluyeron en el dictado -en fecha 30 de Junio del año 2012- de Resolución Nº 755-DP72012 (fs. 102/103), que resolvió aplicar al Sargento E. M. I. una sanción disciplinaria de 18 días de arresto por haber infringido el art. 15 inc. A y Z del RRDP."
"Siguiendo esa línea de razonamiento, entiendo que efectivamente el a quo omitió valorar material probatorio incorporado al proceso que acredita la relación de causalidad entre la afección psicológica que padece la actora y el hecho dañoso sufrido en su lugar de trabajo, debiendo considerarse la incapacidad que motivó el retiro obligatorio de la agente, como contraída 'en servicio' y por lo tanto disponer su encuadre conforme las previsiones del artículo 14 inc. k) en concordancia con el artículo 22 inc. b) de la Ley 3759."
"En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos, revocar la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo en fecha 21 de Noviembre del año 2016, y remitir las actuaciones al Tribunal de origen a los fines de que emita nuevo pronunciamiento conforme los considerandos."
Razón central: el tribunal consideró configurada la excepción a la regla de no revisión de la valoración probatoria en sede excepcional porque el juez de grado omitió valorar prueba incuestionablemente relevante (informes médicos, actuaciones administrativas y sanción disciplinaria) y realizó apreciaciones dogmáticas que condujeron a un juicio arbitrario sobre la relación causal entre la patología y el servicio.
Asimismo, aunque criticó extralimitaciones del perito psiquiátrico al atribuir relación causal y calificar 'mobbing', la Sala concluyó que la prueba administrativa y pericial, en su conjunto, acreditan la relación causal “en servicio” prevista en el art. 22 inc. b) de la Ley 3759.
¿Cómo votaron los jueces?
El fallo fue acordado por los Dres. González, Baca y De Langhe de Falcone (unánime). No se registran votos en disidencia.
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