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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C-043.390/2015 (Tribunal del Trabajo -Sala II- Vocalía 4) Demanda laboral: MONTOYA, ROCIO MICAELA c/ ESTADO PROVINCIAL, POLICIA DE LA PROVINCIA

La actora reclamó indemnización por enfermedad/accidente laboral ocurrido el 25.10.2011 y por incapacidad determinada por junta médica. El Superior Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la decisión que declaró la prescripción del reclamo, por entender que el alta médica del 29.3.2012 inició el plazo prescriptivo y que la patología psiquiátrica posterior no se vinculó con el accidente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-13302/2017
Prescripcion Ley de riesgos del trabajo Incapacidad laboral Junta medica Pericia judicial Excepcion de prescripcion Costas Honorarios Accidente de trabajo Apelacion

¿Quién es el actor?

Rocío Micaela Montoya, representada por el Dr. Juan Sebastián Jenefes Quevedo.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial, Policía de la Provincia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por enfermedad/accidente laboral (incapacidad atribuida al accidente del 25.10.2011).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad; se confirmó la sentencia de primera instancia que admitió la excepción de prescripción y rechazó la demanda. Se impusieron costas al recurrente y se regularon honorarios por $10.125 para Fiscalía de Estado y $7.087 para el Dr. Jenefes Quevedo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Comienzo por señalar que el vicio de arbitrariedad, con alcance para descalificar un fallo debe ser grave, tiene que probarse, y solo puede predicarse respecto de las sentencias que padecen de omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial.

Por otra parte, conforme a la doctrina pretoriana de la arbitrariedad no caben revisiones de la prueba, ni de las situaciones fácticas que informaron el proceso, ni del derecho aplicable, salvo los extremos del absurdo o de la injusticia notoria, lo que no advierto ocurra en autos.

En el caso el tribunal rechazó la acción por considerar que se encontraba prescripta, decisión que en mi opinión no merece reproche conforme a los antecedentes del caso.

En efecto, la actora reclamó indemnización por incapacidad laboral determinada por Junta Médica de fecha 26.9.2013, la que a su vez dijo era consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 25.10.2011.

Sin embargo, surge de la prueba incorporada a la causa que respecto a dicho accidente laboral la Junta Médica realizada el 29.3.2012 otorgó el alta a la actora, sin incapacidad alguna, por lo que la misma retomó sus tareas habituales (ver fs. 216 y legajo personal e historia clínica agregados por cuerda).

Siendo ello así, la acción intentada se encuentra prescripta en tanto a partir del alta médica de la trabajadora, que determina el cese de la incapacidad temporaria, comenzó el cómputo del plazo de dos años establecido en el art. 44 de la LRT para el reclamo de prestaciones que pudieran haber derivado de ese accidente.

En cuanto a la incapacidad determinada en fecha 26.9.2013 por una nueva Junta Médica -genérica del 20% y específica del 100%-, cabe señalar que el perito médico que intervino en el proceso judicial dictaminó que la patología psiquiátrica de la actora no es derivada del episodio del 25/10/2011, sino que su problema comienza a gestarse luego de reintegrarse a sus funciones, que no existe el vínculo de contemporaneidad de la patología psiquiátrica con el evento del 25/17/2011; refiere luego el experto a una situación de acoso laboral (ver fs. 233).

Por lo tanto, y como bien juzgó el a quo, por no tener esta patología vinculación causal con el accidente que motiva la litis, no puede tomarse la fecha de su determinación por Junta Médica a los fines del cómputo de la prescripción.

En cuanto a las objeciones porque se valoraron las conclusiones de la pericia judicial con prescindencia o preponderancia respecto de lo dictaminado por Junta Médica, como ya lo ha dicho este Superior Tribunal 'no es lo mismo la intervención de los profesionales del servicio de reconocimientos de la accionada a los efectos de determinar la aptitud para seguridad y defensa de sus dependientes a la luz de la ley provincial Nº 3759, que un estudio específico por un profesional médico idóneo a los fines de determinar una incapacidad bajo los parámetros de la Ley de Riesgos del Trabajo' (L.A. 58, Nº 1152).

Por otra parte la pericia no mereció objeciones de las partes.

Además, 'por principio, para apartarse de las conclusiones acercadas por el perito, el Tribunal debe hallarse asistido de razones muy fundamentadas, porque si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen carácter de prueba legal y le permiten al magistrado formar su propia conclusión al respecto, es evidente que su apartamiento de esas conclusiones, en cuanto importan una apreciación crítica en un campo del saber naturalmente ajeno al hombre de derecho, habrá de apoyarse en otros elementos de juicio que permitan concluir el error o el inadecuado uso que el perito ha hecho de sus conocimientos científicos...' (L.A. 43, Fº 500/503, Nº 188)."

No hubo votos en disidencia; los Dres. Otaola y De Langhe adhirieron al voto de la Dra. Bernal.

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