Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-042.704/15 (Sala I del Tribunal del Trabajo) “Despido: ROMERO JULIA VALENTINA c/ CANO FERNANDO R. y RODRÍGUEZ VIRGINIA
La Sra. Julia Valentina Romero reclamó indemnizaciones y otros rubros por despido y trabajo no registrado contra Fernando R. Cano y Virginia Rodríguez. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sra. Rodríguez y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la demandada al pago de los rubros reclamados y regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Julia Valentina Romero.
¿A quién se demanda?
Fernando R. Cano y Virginia Rodríguez.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción por despido (despido indirecto), salarios devengados no abonados (julio, agosto y septiembre de 2014), multas por Ley 25.323 arts. 1 y 2, multa del art. 80 LCT, entrega de certificaciones de servicios y remuneraciones; se cuestionaron también indemnizaciones por ley 24.013, diferencias salariales y accidente de trabajo (estos últimos rechazados en grado).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la Sra. Virginia Rodríguez y se confirmó la sentencia del Tribunal del Trabajo que hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a las demandadas al pago de la suma líquida determinada en grado (monto consolidado en distintos pasajes: $198.731,81 original; cálculo en fallo de grado $123.817,74 con intereses según se indica) y ordenando la presentación de certificaciones bajo apercibimiento de multa; se regularon honorarios a favor de los letrados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es sabido que no es dable revisar en esta instancia los hechos tenidos por cierto por el a-quo, excepto en el caso de absurdo manifiesto, lo que no se observa en el sub-examen.
Por el contrario, del análisis de la sentencia recurrida resulta que el tribunal fundamenta conforme a derecho la solución que adopta y no se aparta de la normativa aplicable al caso. Tampoco se advierte que se vulneren derechos constitucionales, ni que se haya hecho lugar a una pretensión contraria a la ley o fundada en hechos ilícitos.
En efecto, como bien lo destaca el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal ponderó adecuadamente las pruebas aportadas, las que fueron suficientes para ilustrar a los magistrados la realidad fáctica y jurídica del caso. Y frente a la falta de contestación de la demanda, hacer lugar a las reclamaciones allí contenidas no aparece contrario a derecho; lo afirmado por la actora en su escrito inicial adquiere firmeza ante la falta de pruebas en contrario aportadas por la demandada.
De las actuaciones de la causa principal resulta que los accionados no contestaron la demanda, por lo que a fs. 29 y fs. 59 se les tuvo por contestada en los términos del art. 51 del Código Procesal del Trabajo.
Por otro lado, cabe destacar que el codemandado René Fernando Cano, intentó cuestionar en esta instancia la sentencia, cuando para él, según la notificación obrante a fs. 89 vta. de los autos originarios ya había adquirido firmeza. Por ello a fs. 13 3º párrafo el recurso fue declarado formalmente inadmisible respecto a su persona.
El planteo de la recurrente remite además, al análisis y valoración de pruebas efectuada por el a-quo, lo que es prerrogativa del juzgador y ajena a esta instancia extraordinaria, sin hacerse cargo de la conducta desplegada por su parte, cuando en realidad tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y sin embargo optó por guardar silencio a lo largo del proceso.
Pretende el quejoso atacar la decisión del inferior sin brindar razones suficientes que permitan llegar a una conclusión distinta a la arribada. Así, intenta con su discurso introducir en esta instancia, una contestación de demanda, lo que resulta a todas luces improcedente.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de Inconstitucionalidad deducido por la Sra. Virginia Rodríguez con patrocinio letrado de los Dres. Walter Félix Caucota y Miguel Ángel Burgos, para confirmar la sentencia de grado, con costas a la recurrente vencida (artículo 95 del Código Procesal del Trabajo)."
Además, sobre honorarios:
"En cuanto a los honorarios profesionales de los Dres. MARIA MARCELA MUJICA, WALTER FÉLIX CAUCOTA y MIGUEL ÁNGEL BURGOS, estimo los mismos en la suma de Pesos once mil novecientos veintitrés con ochenta ctvs. ($ 11.923,80), Pesos cuatro mil ciento setenta y tres con treinta y tres ctvs. ($ 4.173,33) y pesos cuatro mil ciento setenta y tres con treinta y tres ctvs. ($ 4.173,33) respectivamente, fijados a la fecha, cantidad que en caso de mora devengará los intereses de la tasa activa (L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235) hasta su efectivo pago, con más el impuesto al valor agregado si correspondiese."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Bernal y De Langhe de Falcone adhieren al voto de Otaola; no se registra disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.013Ley de empleo
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 25.323Contrato de trabajo
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