Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-076.523/2016 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala II – Vocalía 4) Medida Autosatisfactiva: Cabezas Roxana María del Valle c/ Tapia Dip Patricia del Carmen, Estado Provincial
La actora solicitó medida autosatisfactiva para que se le mantengan sus labores como bibliotecaria/secretaria y no se la asigne a tareas de limpieza y portería. La Sala III del STJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la sentencia de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo por entender que no se acreditan los requisitos de procedencia de la medida autosatisfactiva ni vulneraciones constitucionales.
¿Quién es el actor?
Roxana María del Valle Cabezas, representada por el Dr. Miguel Ángel Imperiale.
¿A quién se demanda?
Patricia Tapia Dip y el Estado Provincial (Ministerio de Educación).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Medida autosatisfactiva para que se le mantengan las tareas y prestaciones como docente (bibliotecaria/secretaria) en la Escuela Nº 8 “Escolástico Zegada” y se le evite ser destinada a tareas de limpieza/portería.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo (4/12/2017), se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios (Fisc. Estado $5.000; apoderado $4.000).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo –mediante sentencia dictada el 4 de diciembre de 2017- rechazó la medida autosatisfactiva promovida por Roxana María del Valle Cabezas en contra de Patricia Tapia Dip y el Estado Provincial con el objeto de que se le mantengan sus labores y prestaciones como docente en el área de biblioteca de la Escuela Nº 8 “Escolástico Zegada”; impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios profesionales.
Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que las partes han sido contestes respecto de que la actora ingresó a prestar servicios en el marco de la contraprestación que debían cumplir los beneficiarios del plan “Jefes y jefas de hogar” desocupados, luego con el plan de regularización laboral establecido por el Estado Provincial y, con posterioridad, su situación de revista fue modificada para pasar a ser personal contratado. Dejó sentado que las partes discrepan en relación a las funciones que debe desempeñar la actora. Ésta entiende que es personal sobrecalificado para realizar tareas de servicios generales y que siempre se desempeñó en la biblioteca del establecimiento hasta que el 24/10/16 fue notificada de que debe limpiar pisos y cuidar la puerta de la escuela. Por otro lado, el Estado Provincial como la codemandada afirman que se le han asignado las tareas que le corresponden al escalafón que reviste: “servicios generales”.
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Comparto con los sentenciantes que no se dan en el caso en estudio los presupuestos que tanto la jurisprudencia como la doctrina pregonan para la procedencia de esta acción. La actora reviste el carácter de personal contratado para prestar servicios generales en la Escuela Nº 8 “Escolástico Zegada”; la Administración le ha rechazado el cambio de cargo de servicios generales a auxiliar administrativo peticionado mediante nota de fecha 1 de abril de 2014 y se le han otorgado labores conforme a la situación de revista que ostenta (cfr. notificación Nº 2 del 03/02/16 de fs. 49/50 del Ppal.).
Es cierto que la actora tiene título de profesora de 1º y 2º ciclo de E.G.B. obtenido recién el 21 de abril de 2014 (cfr. fs. 77 y 78 del ppal.) y presentó una solicitud de ingreso como titular a la docencia el 22 de agosto de 2016 (fs. 81). La Administración no se expidió al respecto por lo que, mientras tanto, deberá llevar adelante las labores encomendadas por la señora Directora del establecimiento educativo conforme su situación de revista, lo que de ninguna manera aparece arbitrario o ilegal.
Tal como lo dejó sentado el Tribunal de grado, existen normas que expresamente disponen los requisitos y la forma de ingresar a la carrera docente que no pueden ser alteradas por esta vía. Tampoco el órgano jurisdiccional puede inmiscuirse en facultades propias de la Administración, siendo ésta la única que puede determinar sus necesidades, designar al personal pertinente y otorgarle las funciones acorde a su situación de revista."
¿Cómo votaron los jueces?
Unánime (Drs. González, Baca y De Langhe de Falcone). No hubo disidencia.
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