RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº B-238.602/2010 (Sala III del Tribunal del Trabajo – Vocalía 9) caratulado “LABORAL POR DIFERENCIAS DE HABERES: PAEZ, JUAN EDUARDO c/ LA VELOZ DEL NORTE SA
El trabajador reclamó diferencias de haberes, liquidación final por despido injustificado, entrega de certificación de servicios y aplicación de incrementos y multas laborales. La Sala IV rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la empresa y confirmó la procedencia de diferencias salariales por aplicación del CCT 460/73, el incremento del art. 2º de la ley 25.323 y la multa del art. 80 LCT, y declaró que la sentencia sirve como título verificatorio en concurso.
¿Quién es el actor?
Sr. Juan Eduardo Páez.
¿A quién se demanda?
La Veloz del Norte S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
diferencias de haberes por aplicación del CCT 460/73 y sus SAC; haberes del mes de abril de 2009 (integración mes de despido); diferencias en la liquidación final por despido injustificado; asignación familiar por hijo; ropa de trabajo; aplicación del art. 2º de la ley 25.323 (incremento indemnizatorio); entrega de certificación de servicios y remuneraciones; además se peticionaron multas del art. 80 y 132 bis LCT (estas últimas inicialmente rechazadas).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la empleadora. Se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a: el encuadramiento en el CCT 460/73, la procedencia de las diferencias salariales y la diferencia indemnizatoria por despido injustificado; la aplicación del art. 2º de la ley 25.323; y la admisibilidad de la multa del art. 80 LCT (admitida por aclaratoria). Se sostuvo además que la sentencia laboral sirve como título verificatorio en un concurso preventivo, sin que ello impida el cumplimiento de condenas como la entrega de certificación de servicios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En relación al primer agravio referido a la procedencia del incremento indemnizatorio contemplado en el artículo 2º de la ley 25323, diré que son dos las condiciones que deben cumplirse para su aplicación, ellas son que los actores hayan intimado fehacientemente al empleador al pago de las indemnizaciones derivadas del distracto y que, ante la conducta reticente del mismo, los trabajadores se vean obligados a entablar las acciones judiciales para lograr el cobro de los créditos no saldados oportunamente.
En el caso de autos, el Sr. Páez mediante telegrama ley de fecha 29 de Mayo del 2009 (fs. 52) intimó al accionado al pago de las diferencias de liquidación final por aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73, lo cual fue negado por la empresa demandada (fs. 49).
En efecto, y teniendo en cuenta que el tribunal de grado consideró que el trabajador fue despedido sin justa causa y que el marco laboral que correspondía aplicarle era el reclamado por su parte, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de grado y determinar que la liquidación final (incluidos los rubros indemnizatorios) abonada de acuerdo al CCT 130/75 no se ajustó a derecho por lo que el empleado inició la demanda principal para lograr el reconocimiento de sus acreencias."
"Al respecto, en las notas al citado artículo, el codificador expone que la aclaratoria no es un recurso porque comúnmente sirve para enmendar un defecto de expresión, en tanto que los recursos sirven para enmendar un defecto de volición. En efecto el tribunal de grado, al utilizar esta vía para admitir la procedencia de la multa prevista en el artículo 80 de la LCT, excedió los límites de la aclaratoria ya que introdujo una modificación sustancial en la sentencia principal, desnaturalizando su cometido. Sin perjuicio de ello, considero que, recurrido el decisorio y postulada así su revocación, no puede ser omitido el tratamiento de las defensas tempestivamente deducidas por las partes y cuya consideración debe ser previa por razones de economía procesal y seguridad jurídica."
"De la lectura del artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, se interpreta que la función del juez laboral, para el caso en que el proceso continúe ante su magistratura, se encuentra limitada a determinar la procedencia o no de los derechos laborales que le corresponden al trabajador dictando una sentencia que sirve como título verificatorio en el concurso preventivo, correspondiendo al interesado la verificación del crédito en dicho concurso, es decir sólo se limita a pronunciarse sobre su procedencia, escapando a su competencia la admisión del mismo en el proceso falencial. Asimismo, tampoco cabe considerar a la obligación de entregar la certificación de servicios como la medida cautelar contemplada en la norma legal mencionada más arriba toda vez que dicha condena forma parte de la declaración integral de los derechos que le asisten al trabajador por lo que no puede utilizarse dicha legislación para impedir su cumplimiento."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Otaola resultó seguido por las Dras. Bernal y De Langhe de Falcone, conformando unanimidad en el rechazo del recurso y en las conclusiones expresadas en el dispositivo.
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Leyes que cita
- Ley 24.522Concursos y quiebras
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 25.323Contrato de trabajo
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