Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C–064.608/2016 (Tribunal del Trabajo -Sala I- Vocalía 3) Despido: RODRIGUEZ, HECTOR GUILLERMO; RODRIGUEZ, ARIEL LUIS c/ AGRO CONSTRUCCIONES LA POSTA S.R.L.; F y G PREMOLDEADO S.R.L
Los apoderados impugnaron la declaración de caducidad de instancia y la sanción de pérdida de honorarios tras la inactividad procesal. La Sala Laboral rechazó el recurso de inconstitucionalidad, confirmó la caducidad por transcurso del plazo y ratificó la sanción, regulando honorarios para el recurrente en $8.501.
¿Quién es el actor?
Héctor Guillermo Rodríguez y Ariel Luis Rodríguez (representados por el Dr. Jorge Daniel Suruguay).
¿A quién se demanda?
AGRO CONSTRUCCIONES LA POSTA S.R.L.; F y G PREMOLDEADO S.R.L.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
reclamo por despido (acción laboral) y prosecución del proceso.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal del Trabajo que declaró operada la caducidad de instancia y sancionó con la pérdida del derecho a percibir honorarios a los letrados; se regularon honorarios al Dr. Suruguay en $8.501 con intereses solo en caso de mora y IVA si corresponde.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El instituto de la caducidad de instancia –como lo vengo señalando desde que me expedí en la causa registrada en L.A. Nº 48, Fº 1732/1734, Nº 605- se apoya en una presunción tácita de abandono por parte del accionante y reconoce como fundamento principal el interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando de esta manera su prolongación indefinida en detrimento de la buena administración de justicia.
Asimismo, la caducidad se produce por el solo transcurso del tiempo, sin posibilidad de ser cubierta por actos posteriores al vencimiento del plazo y el juez debe dictarla de oficio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 del Código Procesal Civil.
En relación se ha resuelto que 'La razón de ser del instituto no es coartar los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio, sino reglamentar su ejercicio por medio de la fijación de plazos razonables dentro de los cuales éste debe realizarse para liberar al órgano jurisdiccional de las causas paralizadas en las cuales el desinterés de los contendientes de llevarlas adelante es evidente y propender, de tal modo, a la agilización del reparto de justicia en bien común, que excede el de los particulares.'"
"Entiendo que a partir del dictado de ese proveído comenzó a correr el plazo de un año que prescribe el artículo 200 del Código Procesal Civil, el cual a la fecha de realizarse la ampliación de demanda, esto es el 20 de diciembre de 2018 (ver fs. 139/143), se encontraba ampliamente cumplido y por lo tanto operada la caducidad de instancia.
En este caso se observa que durante más de dos años que transcurrieron entre el proveído de fs. 122 y la presentación del escrito de fs. 139/143 el letrado de la actora no instó la continuación del proceso."
"Por último, respecto de la queja por la sanción impuesta al Dr. Suruguay es inadmisible porque el letrado no interpuso recurso por sus propios derechos sino en nombre y representación de sus mandantes.
En mérito de ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas (art. 102 C.P.C.); y dado que la materia de agravio carece de contenido económico, regular los honorarios profesionales del Dr. Jorge Daniel Suruguay en la suma de pesos ocho mil quinientos uno ($8.501)... Devengarán intereses de la tasa activa (L.A. Nº 54, Nº 235) solo en caso de mora y se les añadirá el impuesto al valor agregado de corresponder."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia está fundada por la Dra. Bernal y los Dres. Otaola y De Langhe de Falcone adhieren, por lo que la decisión de rechazo y regulación de honorarios corresponde a la mayoría que integra el bloque dispositivo final.
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