RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº B-261.495/2011 (Sala III del Tribunal del Trabajo – Vocalía 7) caratulado “INDEMNIZACION POR DESPIDO INCAUSADO: BIDONDO, EDUARDO RAMIRO c/ ASOCIACION DE PROTECCION AL PARALITICO CEREBRAL ( A
El actor reclamó indemnización por despido incausado y accesorios por presunta relación laboral con A.P.P.A.C.E. La Sala IV Laboral rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la valoración probatoria del tribunal de grado, concluyendo que existió relación de carácter comercial y no vínculo de dependencia.
¿Quién es el actor?
Sr. Eduardo Ramiro Bidondo, representado por el Dr. Carlos José Insausti (h).
¿A quién se demanda?
Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.P.A.C.E).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por despido incausado, falta de preaviso, integración mes de despido, SAC 2009 y 2010, vacaciones no gozadas, indemnizaciones de ley Nº 25323, artículo 80 LCT y art. 45 ley 25345; más regulación de honorarios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que había rechazado la demanda laboral; se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Para empezar cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en esta instancia fallos presuntamente equivocados sino cubrir graves defectos de pronunciamiento ya sea por apartamiento inequívoco de la normativa vigente o por carencia absoluta de fundamentación.
Ello así por cuanto el vicio de arbitrariedad con alcance para descalificar un fallo debe ser grave, tiene que probarse y sólo puede predicarse respecto de las sentencias que padecen de omisiones o desaciertos que la descalifiquen como pronunciamiento judicial, por lo que a continuación se analizará si dichas situaciones se advierten en el fallo aquí cuestionado."
"Con estas previsiones y puesto a analizar el fallo en crisis, advierto que los agravios que trae a consideración la quejosa implican un nuevo análisis de los hechos y la prueba, cuestiones estas fácticas y por tanto ajenas al análisis a través del recurso de inconstitucionalidad.
Esta ha sido la doctrina mantenida en reiterada jurisprudencia por este Superior Tribunal de Justicia, que de forma pacífica ha sostenido dejando establecido que la revisión de la valoración de la prueba destinada a fijar hechos de la causa, es materia extraña a este extraordinario remedio y reservada a los jueces de la causa, quienes resultan soberanos en ese cometido, y a cuyas conclusiones debe estarse (L.A. Nº 43 Nº 446; L.A. Nº 40 Nº 291; L.A. Nº 40 Nº 142, entre otros)."
"En relación a este tema, este Alto Cuerpo siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que “la presunción del artículo 23 de la ley 20744 surge recién cuando se ha probado previamente que hay prestación de servicios dependientes; no basta demostrar que hay prestación de servicios, sino que debe aportarse evidencia sobre la calidad de dependiente, ya que de lo contrario habría que subsumir todo el Derecho en el Derecho Laboral” (CSJN, D.T. 1989-B-198 y L.A. Nº 52 Fº 1504/1506 Nº 544) criterio que también debe seguirse para la resolución del caso en análisis."
"En síntesis, los agravios expresados constituyen meras discrepancias del recurrente con el criterio valorativo del Tribunal Sentenciante insuficientes para admitir esta vía recursiva, por lo que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Dr. CARLOS JOSE INSAUSTI (h) en nombre y representación del Sr. EDUARDO RAMIRO BIDONDO."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Otaola fue acompañado por las Dras. María Silvia Bernal y Clara Aurora De Langhe de Falcone; resolución por mayoría rechazando el recurso.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
- Ley 25.345Prevencion de la evasion fiscal
- Ley 25.323Contrato de trabajo
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