Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-69.281/16 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala III- Vocalía 8) Acción emergente de la ley del consumidor: “Palomares, José María c/ La Ley S.A
El actor interpuso acción emergente de la Ley de Defensa del Consumidor contra La Ley S.A. solicitando restitución de sumas y reparación por daños (incluido daño punitivo). El Superior Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad del actor y confirmó que, por presunción de uso profesional del servicio contratado, no resulta aplicable el régimen consumeril, imponiendo costas al recurrente.
¿Quién es el actor?
Dr. José María Palomares, por derecho propio (con patrocinio letrado de las Dres. Carolina V. Pedano y Mario A. H. Puig en la instancia de recurso).
¿A quién se demanda?
La Ley S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Restitución de sumas indebidamente percibidas por la demandada por la contratación de un servicio jurídico, más indemnización por daño moral y reivindicación de daño punitivo bajo la Ley de Defensa del Consumidor.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor; por ende se confirma la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda en cuanto ordenó la restitución de sumas, reconoció daño moral (pero rechazó el daño punitivo por inaplicabilidad de la L.D.C.), impuso las costas a la demandada en la instancia de grado; en la instancia de revisión se impusieron las costas al recurrente vencido y se difirió la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Estableció, en cuanto al sujeto ‘consumidor’, que la norma consumeril, en sus distintas versiones, considera como elemento definitorio para su configuración: que adquiera o utilice bienes o servicios como destinatario final.
Puntualizó que ese elemento finalista (destino personal, familiar o social del bien o servicio adquirido) impide atribuirle el carácter de consumidor, si el bien o servicio es adquirido para ser incorporado a la cadena de producción concerniente a su objeto.
Señaló que -en el caso concreto- la pretensión del actor, que constituye el objeto de la demanda, está dirigida a obtener la restitución de sumas dinerarias que entiende indebidamente percibidas por parte de la accionada, contraviniendo lo pactado oportunamente al contratar el servicio jurídico que suministra a los profesionales del derecho.
Valoró que “el servicio contratado por el accionante es de aquellos diseñados para ser utilizado por profesionales del derecho -en tanto posibilita el acceso a bibliografía jurídica, jurisprudencia, artículos de doctrina, etc.- por lo que considerando su calidad de letrado en ejercicio (conf. listado de matriculados publicado en la página web del Colegio de Abogados de la Provincia), la integración inmediata de aquel al servicio técnico-jurídico que presta, se presume” (sic).
Destacó que el demandante no desvirtuó la presunción de uso profesional que recae sobre el servicio jurídico contratado, lo que lo descalifica como consumidor y torna inaplicable la Ley de Defensa del Consumidor, en tanto ello excede el ámbito de una relación de consumo."
"En función de tal circunstancia, sobre la que gira -en definitiva- la cuestión a resolver en el presente recurso, estimo que, para que un sujeto pueda ser calificado como consumidor, el destino de los bienes y servicios que contrate tiene que ser no solo final, sino también ‘privado’; es decir, que se agote en lo ‘doméstico’, sea del propio adquirente y/o de su grupo familiar.
Dicho de otro modo, para que sea considerado consumidor, es preciso que ese sujeto contrate el bien o servicio con un fin extraño a la profesión que eventualmente pueda ejercer, porque, si de alguna manera el contrato termina dentro de lo que hace al giro propio de su actividad profesional, se desvanece esa idea de uso doméstico y emerge inexorablemente la “presunción del uso profesional” que imposibilita aquella consideración."
Además, el tribunal sostuvo que la doctrina de la arbitrariedad no sirve para corregir meras equivocaciones de criterio ni revisar prueba salvo casos de absurdo o injusticia notoria, y entendió que el recurrente no presentó agravios concretos que demuestren apartamiento normativo o carencia absoluta de fundamentación en la sentencia impugnada. No hubo votos en disidencia; los Dres. Jenefes y De Langhe de Falcone adhirieron al voto.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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