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Primera Instancia

Acción Preventiva de Daños: Rosel Claudia Gabina y Juárez Haide Lastenia c/ Mina Pirquitas SA y Valle del Cura SA

Las actoras promovieron una acción preventiva de daños por presunta contaminación y reclaman cese de la actividad, recomposición o indemnización. El Juzgado Ambiental hizo lugar parcialmente al recurso de revocatoria, rechazó las excepciones de incompetencia y litispendencia y ajustó puntuales oficios y diligencias de apertura a prueba por errores o carencias formales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Juzgado Ambiental Civil (JUJUY)
Fuero
Juzgado Ambiental Civil
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
c-156712/2020
Accion preventiva de danos Medio ambiente Competencia jurisdiccional Excepcion de incompetencia Litispendencia Apertura a prueba Oficios a secretaria de mineria Correccion de expediente (b-237959/10) Pruebas documentales Juzgado ambiental

¿Quién es el actor?

Rosel Claudia Gabina y Juárez Haide Lastenia.

¿A quién se demanda?

Mina Pirquitas SA y Valle del Cura SA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción preventiva de daños por contaminación en el inmueble Padrón L-515, con pedido de cese de la contaminación, recomposición o indemnización y medidas como sistema de información pública digital.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por el Dr. Facundo López; se rechazaron las excepciones de incompetencia y litispendencia; se ordenaron correcciones y diligencias concretas respecto del decreto de apertura a prueba (librado de oficios, corrección de número de expediente, aceptación o rechazo de ciertas pruebas).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"I.4.- Así planteada la cuestión, considero que resulta muy clara la competencia de este juzgado ambiental para tratar el caso puesto a su consideración.

La Ley 5.899 de Creación del fuero Ambiental y las Fiscalías Ambientales en su art. 3 define la competencia de este Juzgado, la que se especifica en el art. 1 de la Ley Nº 6.108 al establecer que el juzgado ejerce la “jurisdicción especializada con competencia en materia ambiental”. Por su parte la Ley General del Ambiente 25.675 establece que la competencia para la aplicación de la ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

Nuestro Superior Tribunal de Justicia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteradamente ha decidido que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, en la medida que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión.

De la lectura de los términos del escrito de demanda surge que el cuestionamiento principal es el cese de contaminación ambiental y recomposición o indemnización sustitutiva en contra de las demandadas y por su responsabilidad por el daño ambiental y contaminación producidos en el inmueble Padrón L-515, ya sea por acción u omisión, por lesionar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de las accionantes y de todos los habitantes de la región. Asimismo, entre otros puntos, solicitan se realice un sistema de información pública digital.

El análisis del hipotético daño ambiental alegado por las actoras es materia propia de este Juzgado Ambiental, conforme a la normativa propia de creación del juzgado. En efecto, las disposiciones del Decreto Ley Nº 46-H-65 no pueden expeler de manera absoluta del análisis de este juzgado las cuestiones de índole ambiental por el sólo hecho de darse entre mineros y superficiarios. La tesis contraria no superaría el control de constitucionalidad y legalidad que debe imperar en todas las decisiones de este juzgado. La garantía del acceso amplio a la jurisdicción ambiental implica la posibilidad de revisión judicial de los procesos de evaluación de impacto ambiental llevados a cabo en el territorio de la provincia, y de las posibles consecuencias dañosas al ambiente por las actividades productivas.

Este argumento, sumado a las pautas del Superior Tribunal de Justicia referidas en el acápite anterior, me permite colegir que debe rechazarse la incompetencia reseñada."

"RESUELVO:

1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por el Dr. Facundo López a fs. 385/386, por los argumentos dados en los fundamentos.

2.- No hacer lugar a las excepciones de incompetencia y litispendencia planteadas por las demandadas, por los motivos expuestos en el exordio.

3.- Con respecto a las observaciones al decreto de apertura a prueba:

a) Punto 7 de la prueba Documental de la demandada: No ha lugar, toda vez que por secretaría se consultó el sistema de consulta de causas del Poder Judicial de la Nación, del cual surge que la causa ya se dictó sentencia definitiva (Confirmada por la Cámara Federal de Salta).

b) Punto B, prueba Informativa: ha lugar, asistiéndole razón al Dr. López, también deberán librarse oficios a la Secretaría de Minería como se pide a fs. 276vta.

c) Punto 3 de la prueba de oficios: ha lugar, por un error de tipeo se consignó Expte. Nº B-237.950/10 cuando el correcto era B-237959/10.

d) Prueba ofrecida por las demandadas a fs. 353: i) Nota de actualización bianual de Informe de Impacto Ambiental: Téngase presente y por ofrecida la prueba agregada a fs. 348/349; ii) Expte. Nº 655-150/2016: Estese a lo dispuesto en el Punto II.2.C.1. del decreto de apertura a prueba de fs. 361/362; iii) Expte. Nº 655-48/2020: Líbrese oficio a la Dirección de Minería y Recursos energéticos a fin de que remita el expediente ad effectum videndi et probandi.

e) Negativas y desconocimiento formulado por el Dr. López respecto de la prueba documental ofrecida por la actora: téngase presente con respecto a la prueba agregada a fs. 141/144. En relación a la demás prueba documental agregada, no ha lugar por estar incorporadas las copias certificadas.

4.- Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula."

No hubo votos en disidencia consignados en el resolutorio final.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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