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Cámara de Apelaciones

Amparo por mora: Izzetta Adriana Noelia y otros c/ Instituto de Educación Superior N° 9 Juana Azurduy

Los actores promovieron acción de amparo por mora para obtener la confección y entrega de sus títulos de educación superior. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al amparo y condenó al Estado Provincial a expedirse y entregar respuesta en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, con apercibimiento de multas conminatorias.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-165073/2020
Amparo por mora Titulos educativos Administracion publica Incumplimiento Condenacion conminatoria Costas Honorarios Ies n? 9 juana azurduy Plazo de 20 dias habiles Servicio administrativo digital.

¿Quién es el actor?

Adriana Noelia Izetta; Jesús Ricardo Ortega; María Estela del Milagro Cabrera; María Melina Moreno; Olga Viviana Portal; Silvina Beatriz Portal; Ricardo Mariano López; María Agustina Ríos y Daniel Orlando Singh, con patrocinio del Dr. Darío Raúl Melano.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial – Instituto de Educación Superior N° 9 (Provincia de Jujuy).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo por mora para que la administración confeccione y entregue los títulos de educación superior de los actores y dé respuesta a sus trámites administrativos.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al amparo por mora y se condenó al Estado Provincial a que, en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, dé respuesta a los pedimentos de los actores, bajo apercibimiento de aplicar condenaciones conminatorias en caso de incumplimiento injustificado. Se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios a favor del letrado actor en $5.008,00 más intereses y, en su caso, IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Trabada así la litis, debo señalar que, efectivamente los actores fueron alumnos y culminaron sus estudios en el IES Nº 9 'Juana Azurduy', tal como fuera expresamente reconocido por el Estado Provincial. Tampoco se encuentra desconocido ni negado que aquellos finalizaron en el año 2018, y a partir de allí comenzaron sus reclamos a la Institución en procura de obtener su Certificado final, conforme prueba arrimada en autos. Con ello no puede negarse entonces el interés legítimo que tienen y obviamente en la necesidad de los amparistas de obtener respuesta definitiva a sus reclamos.

Dichas peticiones generan para la Administración la obligación de expedirse sobre las mismas, y esa respuesta debe ser íntegra y tempestiva; lo contrario hace incurrir a la Administración en mora.

En tal sentido, se ha dicho: “Para evaluar la procedencia de esta acción es necesario entonces constatar únicamente la existencia de una petición y de la expiración del plazo previsto -o uno razonable en caso de no existir plazo expreso- sin que la Administración hubiere dado curso al trámite o resolución requerida” (C.Nac.Civ., Sala J, 25/10/1995, “Kremer Sara v. Municipalidad de Buenos Aires” – LL. 1997-D-827).

El silencio, la inactividad, la omisión en dar satisfacción a tales requerimientos, configura de parte de la Administración Pública una conducta manifiestamente ilegal, que debe ser removida.

A tales efectos esta excepcional vía del amparo por mora tiene por objeto dar respuesta formal a las peticiones que los administrados realicen en sede administrativa, en un plazo razonable, que no se cumple en el caso. El Estado Provincial pretende justificar su demora y su silencio en la falta de colaboración de los amparistas; en la falta de presentación por parte de éstos de un pronto despacho; en la omisión de interposición de medios recursivos o en el incumplimiento de los recaudos de urgencia, gravedad, ilegalidad manifiesta e irreparabilidad del daño-. Ninguna de las razones que ensaya el demandado alcanzan para desestimar la acción que nos ocupa. Por el contrario, de autos surge palmaria la gravedad y la urgencia de la situación planteada por los afectados, puesto que desde que éstos culminaran sus estudios en el establecimiento, ha transcurrido más de un año sin respuesta alguna.

Tampoco puede el Estado Provincial argumentar en defensa de su obstinado silencio, la grave y excepcional situación de pandemia que se atraviesa, en tanto ésta acontece recién en el presente año, y por otra parte, el servicio administrativo puede prestarse vía on line, o por vía digital, tal como fuera oportunamente dispuesta.

Siendo ello así, encontrándose configurada la situación de mora objetiva de la Administración, no cabe más que condenar al Estado Provincial para que en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos dé respuesta a los pedimentos de los actores, bajo apercibimiento de aplicar condenaciones conminatorias en caso de incumplimiento injustificado.”

¿Cómo votaron los jueces?

El voto de la Dra. Ruth Alicia Fernández contiene los fundamentos extensos y propone la solución; el Dr. David Jorge Casas “adhiere a la solución propiciada en el voto que antecede”. El dispositivo final coincide con la decisión mayoritaria descrita.

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