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Cámara de Apelaciones

Indemnización por Incapacidad Laboral y otros rubros: BAEZ, Ramona c/ PROVINCIA ART S.A

La actora promovió demanda por indemnización por incapacidad laboral y prestaciones dinerarias por accidente de trabajo. La Sala IV del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda y condenó a PROVINCIA ART S.A. a abonar $330.765,30, con costas y regulación de honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala IV (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala IV
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
A-46871/2010
Indemnizacion por incapacidad Ley 24.557 Accidente de trabajo Comisiones medicas Inconstitucionalidad Pericia medica 36 5% Liquidacion indemnizatoria Intereses compensatorios Costas Regulacion de honorarios.

¿Quién es el actor?

Ramona BAEZ (posteriormente sustituida por su cónyuge supérstite Rafael Isasmendi).

¿A quién se demanda?

PROVINCIA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de prestaciones dinerarias previstas en la Ley 24.557 por incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo ocurrido el 06/06/2009; declare inconstitucionalidad de artículos de la LRT y aplicación de Ley 26.773 (en subsidio).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda, condenando a PROVINCIA ART S.A. al pago de $330.765,30 (art. 14 ap. 2 inc. a LRT), se impusieron las costas al demandado y se regularon honorarios y peritos conforme detalle. Se rechazó la aplicación de la Ley 26.773 al caso y se declararon inconstitucionales los arts. 21, 22 y 46 de la LRT en los términos expuestos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar se analizará el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley 24557 efectuado por la actora, y en orden a ello diremos que el art. 46 reglamentó la cuestión de competencia judicial en las acciones sistémicas de la LRT, y los arts. 21 y 22 regulan lo atinente a las facultades otorgadas a las Comisiones Médicas, y también diremos que le asiste razón al embate constitucional formulado, por cuanto aceptar la constitucionalidad de las normas cuestionadas constituye una violación al principio del juez natural, sustrayendo de la esfera judicial el conflicto para someterlo a la jurisdicción administrativa. Con ello no solamente se violentan los principios mencionados, sino también la división de poderes, ya que las Comisiones Médicas se constituyen en pretendidos tribunales investidos de facultades jurisdiccionales que lesionan el principio de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso consagrados por la Constitución Nacional, transgrediendo además el art. 109 de nuestra ley fundamental al otorgar potestades jurisdiccionales a órganos administrativos con exclusión de los jueces naturales."

"Conforme surge del escrito de contestación de demanda de fs. 139/166 vta, el accidente de trabajo no ha sido negado, por lo que queda fuera de discusión su existencia. Además, a mayor abundamiento, existe concluyente prueba del hecho ocurrido y de las consecuencias del mismo, a saber: expte. de la C.M. N°22 de fs. 4/45, constancia de alta médica de 58, rogatoria contable de fs. 258/345, la Pericia Médica del Dr. Ramón Lobo de fs. 365/374 vta, la Pericia Contable confeccionada por el C.P.N. Anibal Dante Tico a fs. 453/457 y la Pericia Técnica presentada por el Perito Técnico en Higiene y Seguridad del Trabajo. Carlos Benjamín Talarico a fs. 534/544."

"En consecuencia, sólo resta determinar si, a causa del mismo, a la trabajadora le han quedado secuelas incapacitantes. Para ello valoraré la pericia que practicó el Dr. Ramón Lobo (fs. 365/374), que hago mía, quien nos informa que el actor presenta a consecuencia del infortunio, una incapacidad laboral calculada del 36,5 % de la T.O.."

(Se consignan además los fundamentos y criterios aplicados para la liquidación de la indemnización y la decisión de no aplicar la Ley 26.773 por ser el accidente anterior a su entrada en vigencia.)

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