ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO: MAMANI, Ubaldo José Rubén C/ GALENO ART S.A
El actor promovió acción por accidente de trabajo y enfermedad laboral contra GALENO ART S.A. solicitando prestaciones dinerarias y declaración de inconstitucionalidad de normas de la ley 24.557. La Sala III del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 para el caso, y condenó a la aseguradora a pagar $919.561,01 por incapacidad permanente del 26,20%.
¿Quién es el actor?
Ubaldo José Rubén Mamaní.
¿A quién se demanda?
GALENO ART S.A. (A.R.T.).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reparación por accidente de trabajo (in itinere) y enfermedad laboral; prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos del trabajo (incapacidad parcial, permanente y definitiva), indemnización única por ley 26.773, y prestaciones en especie; además, se solicitó declaración de inconstitucionalidad de artículos de la ley 24.557 y decretos reglamentarios.
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inconstitucionalidad, para el caso, de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y sus normas reglamentarias en materia de competencia; se hizo lugar a la demanda y se condenó a GALENO ART S.A. al pago de $919.561,01 por incapacidad del 26,20% de la TO; se regularon honorarios ($183.912 para el Dr. Uriondo; $128.738 para el Dr. Singh; $32.184 al perito) y se impusieron las costas a la demandada. Fecha del siniestro: 05/09/2018. Fecha de sentencia: 30/09/2021.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como es sabido por todos los operadores jurídicos vinculados al fuero del trabajo, la ley 24.557 ha merecido numerosas declaraciones de inconstitucionalidad. Por ello, no es necesario profundizar sobre los argumentos que dan apoyo a la constitucionalidad o no de algunas de las disposiciones censuradas por el actor, en concreto sobre los arts. 21, 22 y 46 (comisiones médicas y competencia judicial). Este articulado fue ya analizado por el Máximo Tribunal nacional y, por los sobrados fundamentos aportados, corresponde que sean declarados inconstitucionales en el sub lite."
"Es así que los arts. 21 y 22 de la LRT, en un claro apartamiento a las disposiciones constitucionales (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional), sustraen la materia que se discute en este pleito de la justicia ordinaria, lo cual no puede ser admitido, máxime a la luz de lo previsto en el art. 145 inc. 2º y 149 inc. 1º de la Constitución Provincial."
"Así, cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales en alguna ciencia, la prueba pericial resulta pertinente. En su mérito, se procede a nombrar peritos (art. 80 C.P.T.) y la fuerza probatoria del dictamen debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional (art. 17 C.P.T.) y demás elementos de convicción de la causa. Entonces, la solidez de los argumentos expuestos por el perito que se pronunció en autos y la proximidad del dictamen con esta sentencia hacen que se estime adecuado concluir que la incapacidad que afecta al actor es del 26,20% de la T.O., la que calificó como parcial, permanente y definitiva."
"Es atinado afirmar que aun cuando la aseguradora desconoció la documentación aportada por el actor en su escrito inicial, lo hizo de manera genérica, sin precisar en concreto qué instrumentos se criticaban y sin aportar los argumentos que justifiquen su esterilización, por lo que la censura debe ser rechazada. Así, es válido utilizar los datos que surgen de estos medios de prueba."
"Entonces, en concreto el cálculo es el siguiente: 53 x 35.658,09 x 26,20% x (65/35) = $919.561,01"
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia contiene voto del Dr. Ontiveros como presidente de trámite y adhesión de los Dres. Galíndez y Bianco; no se registra disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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