Ordinario por daño moral: Sergio H. Perez c/ Estado Provincial
El actor promovió demanda por cobro de pesos y daño moral contra el Estado Provincial por sanciones administrativas y demora en su tramitación que le habrían impedido percibir el Fondo Estímulo. La Cámara rechazó la demanda al entender que la sanción administrativa quedó consentida al no haberse recurrido ante la administración y, por ende, no existe ilicitud estatal que genere obligación de reparar.
¿Quién es el actor?
Sergio Horacio Pérez.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Dirección Provincial de Rentas / Estado Provincial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos correspondientes al Fondo Estímulo (decretos 3298-88 y 8961-89) por el período abril 2004 a junio 2006 y daño moral por las consecuencias de actuaciones administrativas y penales (suspensión, sumario administrativo y denuncia penal; sobreseimiento posterior).
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó la demanda, impuso costas al orden causado y diferirió la regulación de honorarios hasta que se aporten pautas para su cuantificación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme a lo expuesto no cabe otra posición que tener por ciertos los hechos lícitos invocados por el actor, y auténticos los documentos que agrega como prueba instrumental.
En tal sentido, debemos tener por cierto que el actor se encontraba vinculado con el Estado Provincial a través de una relación de empleo público, desempeñándose en la Dirección Provincial de Rentas de esta ciudad. Asimismo que el 04 de setiembre de 2003 en horas de la mañana, con motivo del sellado de un contrato utilizó la máquina franqueadora, siendo acusado de no tener facultades para tal tarea, iniciándose actuaciones sumarias administrativas mediante el Expediente Nº 0513-660-03 caratulado Dirección Provincial de Rentas s/ Sumario por Detección de Irregularidades en la Delegación Fiscal San Pedro denunciado por la Delegada Fiscal Cra. Rosa Ana Singh de García – San Pedro. Así también que se le formuló una denuncia penal que tramitó en el Expediente Nº 6308/06 caratulado “Deza Salvador Roberto y Pérez Sergio Horacio p.s.a. de Defraudación”.
No obstante lo expuesto y ante los antecedentes citados, la conducta ilícita –u obrar antijurídico imputable- de la parte demandada no fue debidamente comprobada toda vez que la sanción impuesta por resolución 2350-H-2006 no fue recurrida ante la administración con lo cual se encuentra irremediablemente consentida, no pudiéndose derivar de ello el daño que aquí se reclama.
En efecto, tanto la sanción como el tiempo irrogado en la tramitación del sumario –tiempo que entiende excesivo y que le habría impedido cobrar el fondo estímulo- son agravios cuya resolución eran de competencia de la administración y que quedaron consentidos al dejar firme la resolución 2350-H-2006.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “…si la ilegitimidad de un acto administrativo resulta ser la causa de la obligación de reparar los daños invocados, el carácter firme e irrevisable de dicho acto constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de la acción resarcitoria (Fallos: 319: 1532). Ello es así, toda vez que la falta de declaración de ilegitimidad del acto priva de causa al reclamo indemnizatorio en razón de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, que subsiste en tanto no medie aquella declaración (doctrina de Fallos: 319:1476).”
Por su parte el art. 188 de la ley 3161/74 (Estatuto del Empleado Público) otorga la facultad al administrado de instar “la revisión del sumario administrativo del que resultare la aplicación de sanciones disciplinarias...”. Pues bien, esta facultad tampoco ha sido ejercida por el actor con lo cual resulta evidente el consentimiento al acto administrativo sancionatorio, aun cuando contaba con el sobreseimiento definitivo de la causa penal vinculada a los hechos que determinaron la sanción administrativa. De tal suerte repito, no hay un accionar antijurídico por parte del Estado Provincial, lo cual amerita el rechazo de la demanda pues el acto administrativo firme goza de legitimidad y legalidad."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto mayoritario (Dr. Horacio J. Macedo Moresi) con adhesión del Dr. Gustavo A. Toro y la Dra. Silvia E. Yécora; el bloque dispositivo final confirma el rechazo de la demanda e imposición de costas.
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