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Cámara de Apelaciones

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B-54894/00 (Sala I Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Manuel Silvestre Leiva y otros c/ Estado Provincial

El actor promovió demanda por cobro de pesos por saldo de tarjeta de crédito contra el demandado. La Cámara Civil y Comercial hizo lugar a la demanda, condenando a Gustavo Rodolfo Luna a abonar $20.816,87 más intereses desde la mora y costas al vencido.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Cámara en lo Civil y Comercial -Sala I-Vocalía 1 (JUJUY)
Fuero
Cámara en lo Civil y Comercial -Sala I-Vocalía 1
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-102975/2017
Cobro de pesos Tarjeta de credito Deuda $20.816 87 Intereses mora Incontestacion Prueba documental Costas al vencido Honorarios diferidos Camara civil y comercial Codigo civil y comercial (art. 768

¿Quién es el actor?

Banco Macro S.A., representado por el Dr. Juan Sebastián Jenefes Quevedo (patrocinio del Dr. Martín Ramón Jenefes).

¿A quién se demanda?

Gustavo Rodolfo Luna.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por saldo de tarjeta de crédito por la suma de $20.816,87 al 31/10/2016, con más intereses pactados, gastos y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se condenó al demandado a abonar en 10 días la suma de $20.816,87 más los intereses reclamados desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago; se impusieron las costas al vencido; y se diferirió la regulación de honorarios hasta existir planilla de liquidación firme.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3. Al respecto se ha expedido la CSJN, manifestando que la incontestación importa adoptar una conducta procesal que puede tenerse como confesión de la verdad de los hechos articulados (C.SN., L.L. 133-470).

Se ha sostenido reiteradamente en virtud de lo normado en la ley ritual, que tal actitud implica un reconocimiento de los hechos lícitos expuestos por la actora y de la documentación acompañada en sustento de la misma. En efecto, el silencio de la accionada debe interpretarse como una manifestación de voluntad conforme a la demanda, (Conf. Morello, Augusto M. “El silencio en el proceso, la Rebeldía y el Principio de Investigación de la verdad”, en Rev. Del Colegio de Abogados de la Plata, v. II, Nº 24, pág. 373 y sgtes. Mercader A. “El silencio en el proceso de estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina”, pág. 471, año 1946).

Precisando el tema, el Superior Tribunal de Justicia ha entendido que “la incontestación de la demanda, faculta pero no obliga al juez a tenerla como presunción favorable a las pretensiones del actor, quien puede estimar tal silencio como un reconocimiento de los hechos afirmados, siempre que esas aseveraciones no resulten desvirtuadas por prueba alguna en contrario… La incontestación de la demanda coloca al accionante en buena situación procesal, no cabe sin embargo venir a entender que lisa y llanamente lo que corresponde por tal circunstancia es dictar pronunciamiento haciendo lugar a las pretensiones intentadas en la acción, puesto que lo afirmado por la ley es una facultad para el juez, pero esta permisión no puede eludir el examen de cuestiones requeridas por la vía jurisdiccional, de conformidad con las características siempre específicas de cada causa y de acuerdo con la legitimidad que las mismas tuvieran” ( S.T.J., L.A. Nº 47 Fº 366/368 Nº 167, Expte. Nº 1646/03, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B-54894/00 (Sala I Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Manuel Silvestre Leiva y otros c/ Estado Provincial”; L.A. Nº 41 Fº 311/315 Nº 110; L.A. Nº 48 Fº 1352/1353 Nº 489, entre otros).

Es decir que, tal incontestación no exime al juez de analizar la causa y las pruebas acompañadas y determinar en definitiva, la procedencia o no de la demanda a la luz del derecho vigente. Así, “de la falta de contestación de la demanda se sigue una simple presunción de veracidad de lo en ella afirmado por la actora, lo que debe ser objeto de acreditación, por ende, el juez o el Tribunal no se encuentra liberado o dispensado de la obligación que le atañe en orden a valorar los hechos, probanzas incorporadas y el derecho actuable para desestimar la acción si correspondiere” (S.T.J., L.A. Nº 49 Fº 4724/4726 Nº 894).

Por todo lo expuesto, debe tenerse por acreditados los hechos de la actora, que se hubieran corroborado con la prueba aportada, así como la autenticidad de la documentación acompañada.

Siendo así, la parte actora aportó prueba que avala sus afirmaciones, en particular: las copias simples de declaración jurada (fs. 8), certificado de deuda (fs. 9) y contrato de emisión de tarjeta de crédito (fs. 10/13), cuyos originales fueron reservados en caja fuerte (hoy a fs. 38/42), al no habérselas desconocido en tiempo propio debe tenérselas por auténticas, permitiendo el dictado de la sentencia con sustento en las mismas.

Por lo dicho, se debe tener por acreditados los hechos expuestos en la demanda, así como la autenticidad de la documentación acompañada.

Consecuentemente no siendo cancelada en tiempo propio la deuda, la pretensión debe tener favorable acogida conforme articulo 958 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación."

"4. En cuanto al monto que será objeto de condena, observamos que la deuda reclamada es de $20.816,87 debiendo adicionar a esta suma los intereses reclamados (artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación) a partir de la fecha de la mora (esto es, desde el momento en que cada importe debió ser abonado, -artículo 886 del Código Civil y Comercial de la Nación- con más los intereses de la tasa activa del Banco Nación."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue unánime; la Dra. Elba Rita Cabezas fue ponente y los Dres. José Alejandro López Iriarte y Esteban Javier Arias Cau adhirieron a su voto.

Leyes que cita

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