Espinoza, Juan Carlos c/Galeno ART S.A. s/enfermedad/accidente de trabajo
El actor reclamó reparación por incapacidad derivada de un accidente in itinere y prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró inaplicables los arts. 21, 22 y 46 de la LRT por inconstitucionales y condenó a la aseguradora al reconocimiento de una incapacidad parcial permanente del 15,85%, difiriendo la liquidación hasta acreditar recibos de haberes y constancia de nacimiento.
¿Quién es el actor?
Juan Carlos Espinoza, representado por el Dr. Benjamín Magliano Meyer.
¿A quién se demanda?
Galeno ART S.A. (aseguradora de riesgos del trabajo).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reparación económica por incapacidad derivada de accidente ocurrido el 20/08/2018 (accidente in itinere), con invocación de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo; indemnización por art. 14.2.a) Ley 24.557; y petición sobre art. 3 Ley 26.773.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda en los términos considerados; se declaró inaplicable por inconstitucionales los arts. 21, 22 y 46 de la LRT en autos; se condenó a la demandada al pago de la indemnización por incapacidad parcial permanente fijada en 15,85%; se difirió la estimación del monto de condena hasta que el actor aporte recibos de haberes de agosto/2017 a agosto/2018 y constancia de su fecha de nacimiento; se impusieron las costas a la demandada y se difirió la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En relación a la excepción de falta de legitimación diré que el acceso a los estrados judiciales no puede quedar supeditado al previo cumplimiento de una vía administrativa que no cumple la garantía del juez natural que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas. La jurisdicción es un atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1, Ley 27348, viola el art. 18, Constitución Nacional, que en la imposición del debido proceso encierra los principios del juez natural y el juez especializado. ( Cfr. Mercado, Héctor Gabriel vs. Galeno ART S.A. s. Accidente CNAT, Sala VII, 02-10-2017; RC J 7703/17; cfr. además Corvalán, Héctor Eduardo vs. Swiss Medical ART S.A. s. Accidente CNAT Sala X, 30-08-2017; RC J 6388/17 Martínez, Gustavo Alejandro vs. Experta ART S.A., Tribunal de Trabajo Nº 2, San Miguel, Buenos Aires; 17-05-2018, 8957, RC J 3099/18).
Por ello y según disposiciones de los artículos 16, 18 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto establece como garantía judicial la de ser juzgado por los jueces naturales corresponde desestimar las excepciones planteadas por la demandada.
Y siguiendo los reiterados pronunciamientos de esta Sala, diré que no era necesario agotar la vía administrativa ya que dicha imposición implicaría negar al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; derechos fundamentales en un estado democrático y republicano y efectivamente garantizados por los arts. 16, 75 inciso 22 C.N.; arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, convenciones todas de jerarquía supra-constitucional.
El imponer trámites administrativos previos para acceder a prestaciones vitales como lo son las previstas en la LRT contraría, además, derechos humanos fundamentales como lo son el acceso a la salud, a la calidad de vida, derechos que involucran la vida digna, el derecho prioritario en un sistema legal como el nuestro (artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional).
Desde esa óptica las normas de procedimiento que prevé la LRT y que fueron tachadas de inconstitucionales por el actor resultan objetables. Entonces, siguiendo la postura de la CSJN en “Castillo, Angel S. c. Cerámica Alberdi S.A.” 07/09/2004; Fallos 327:3610; Cita online: AR/JUR/2065/2004) y las que resultan de la sentencia de esta Sala del 27/2/2014 en Expte. Nº C-7314/13, caratulado: “Villarroel, Simón Alberto c/Berkley International ART S.A. y otros s/riesgo de trabajo”, confirmado por el Superior Tribunal de Justicia en L.A.58, Nº309, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 16, 18 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica -en tanto establece como garantía judicial mínima la de ser juzgado por los jueces naturales- propicio hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y en consecuencia declarar que resultan inaplicables en autos."
"VIII.-Por todo lo considerado propicio se condene a la demandada a resarcir la incapacidad del actor equivalente al 15,85, haciendo lugar a la demanda y condenando a la demandada al pago de la indemnización prevista por el art. 14.2.a).
En cuanto a la indemnización prevista por el art. 3 Ley 26.773 Siguiendo el criterio del STJ y de la CSJN en "Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART S.A.”, en el sentido de que no es aplicable el incremento indemnizatorio previsto por el art. 3 de la Ley 26773 a los accidentes in itinere estimo que la pretensión de pago de dicha indemnización debe desestimarse.
Asimismo propongo se difiera la estimación del monto de condena hasta tanto el actor adjunte los recibos de haberes correspondientes a los meses de agosto/2017 hasta agosto de 2018 inclusive y documentación que de cuenta de su fecha de nacimiento."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto de Presidencia (Dra. Montes) con fundamentos extensos; los Dres. Hugo C. Moisés Herrera y Domingo A. Masacessi adhieren al voto de Presidencia. El bloque dispositivo final coincide con la propuesta principal del voto de mayoría.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 27.348Riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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