JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

CRUZ CRISTIAN FABIAN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ENFERMEDAD/ACCIDENTE DE TRABAJO

El actor promovió demanda por prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo reclamando eludir el trámite previo ante comisiones médicas. La Sala II del Tribunal del Trabajo rechazó la excepción de incompetencia y sostuvo la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la vía administrativa previa, con costas a cargo de la demandada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala II-Vocalía 4 (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala II-Vocalía 4
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-185868/2021
Riesgos del trabajo Excepcion de incompetencia Comisiones medicas Inconstitucionalidad Juez natural Acceso a la jurisdiccion Costas Regulacion de honorarios Ley 6056 Ley 27348.

¿Quién es el actor?

Cruz Cristian Fabián (actor).

¿A quién se demanda?

Experta ART S.A. (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Prestaciones previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), en base a las leyes 26773 y 27348; se solicitó además declaración de inconstitucionalidad de la obligación de tramitar ante Comisiones Médicas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la excepción de incompetencia material planteada por la demandada (es decir, se admitió la vía judicial directa), con costas a su cargo; se diferenció la regulación de honorarios hasta la resolución del fondo. Fecha: 27/10/2022.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original):

"Que el art. 14 de la Ley 6056 dispone que “La entrada en vigencia de las disposiciones de esta Ley queda supeditada hasta tanto se instrumenten los convenios a los que alude el Artículo 2 de la presente norma”, por lo que corresponde desestimar el planteo de incompetencia de esta Sala además porque a la fecha aún no se ha dado cumplimiento a la celebración de los convenios previstos en el art. 2 de la ley provincial, tal como lo exige el art.14 de la Ley 6056."

"Además, al promover la acción la parte actora solicitó se declarara la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del trámite administrativo previo que impone la LRT por lo que resulta aplicable al caso lo resuelto por esta Sala en sentencia del 27/02/2014 dictada en expediente Nº C-7314/13, caratulado: “Villarroel, Simón Alberto c/Berkley International ART S.A. y otros s/riesgo de trabajo”, que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ Jujuy, L.A.58, Nº309), en que siguiendo los lineamientos del fallo de la CSJN en “Castillo, Angel S. c. Cerámica Alberdi S.A.” (07/09/2004; Fallos 327:3610) rechazamos la excepción."

"En dicha oportunidad, dijimos “la cuestión ya ha sido resuelta por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, diciendo que “el empleador puede ser demandado judicialmente en forma directa ante los tribunales competentes en procura de las prestaciones de la ley 24.557, en conformidad con lo dispuesto por su artículo 28 primer párrafo; artículo 18 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a la jurisdicción natural y el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra ley fundamental por el artículo 75, inciso 22, en cuanto garantiza el acceso rápido y simple a los jueces. Es que, mandar al trabajador en este caso a ocurrir ante las Comisiones Médicas, a mi juicio significa una virtual denegación de justicia, porque los artículo 21 y 46 de la ley en cuestión, sólo le asignan competencia a éstas cuando la denuncia del siniestro laboral fue rechazada por la aseguradora. Si ésta no existe, obviamente la acción judicial directa no puede ser denegada, en virtud de lo dispuesto por los artículos 145 inciso 2º, 148 y 149 inciso 1º de la Constitución de la provincia de Jujuy” (LA 43, Nº396).”

"En igual línea de pensamiento se ha dicho que el acceso a los estrados judiciales no puede quedar supeditado al previo cumplimiento de una vía administrativa que no cumple la garantía del juez natural que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas. La jurisdicción es un atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1, Ley 27348, viola el art. 18, Constitución Nacional, que en la imposición del debido proceso encierra los principios del juez natural y el juez especializado."

Además, se aplicó el principio objetivo de la derrota para imponer las costas a la demandada (art. 95 CPT).

No se fijaron honorarios en esta resolución; se diferenció su regulación hasta que se resuelva el fondo.

¿Cómo votaron los jueces?

El bloque resolutivo final constituye la decisión del Tribunal (Sala II, firmado por la Dra. Amalia Inés Montes - Presidente de trámite - y vocales Hugo C. Moises Herrera y Diego Rodrigo Rivas).

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