Enfermedad - Accidente de trabajo: Morales, Elio Eduardo c/ Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A
El actor promovió demanda por prestaciones dinerarias por accidente de trabajo y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de diversas normas de la Ley 24.557. La Sala II del Tribunal del Trabajo de Jujuy hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15, 21, 22 y 46 de la LRT y difirió la cuantificación del monto de condena y honorarios hasta que se aporten recibos y base para liquidación.
¿Quién es el actor?
Elio Eduardo Morales, por apoderado Dr. Benjamín Magliano.
¿A quién se demanda?
Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de prestaciones dinerarias previstas por la ley de riesgos del trabajo (Leyes 24.557, 26.773 y complementarias) por lesiones sufridas el 16/03/2017 (lesión osteocondral en cóndilo interno de rodilla derecha) y secuelas incapacitantes; además, se peticionó declaración de inconstitucionalidad de normas de la LRT y normas complementarias relativas a base de cálculo y procedimiento ante comisiones médicas.
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557; se hizo lugar a la demanda; se impusieron las costas a la aseguradora; se difirió la determinación del monto de condena y la regulación de honorarios hasta que exista base para la cuantificación y se ordenó intimación al actor para que aporte recibos de haberes requeridos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este marco, respecto de los arts. 21, 22 y 46 LRT (en tanto son estas las normas que se refieren a las comisiones médicas), esta ha sido objeto de numerosos pronunciamientos tanto en el orden nacional como local. Siendo así sostengo que tales normas son inconstitucionales por atribuirle a los profesionales médicos incumbencias que no poseen dando al poder administrador funciones jurisdiccionales que no pueden asumir, sustrayendo al trabajador de sus jueces naturales y provinciales en violación a los arts. 31, 75 inc. 12 y 22, 76, 99 y 116 de la CN. Asimismo este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse sobre el tema en innumerables pronunciamientos, argumentando que dichas normas tienen contenido procesal que avasalla el poder no delegado por las provincias al estado nacional (Art. 121, 126 C.N.) pronunciándose por la inconstitucionalidad de las mismas."
"De allí que, en tanto se entiende fundado en todos los puntos sobre los que se ha expedido el perito médico y ha respondido a las observaciones y más cuando no ha procurado la demandada presencia de profesional idóneo al momento del examen, siendo que el perito médico se trata de auxiliar de la justicia que emite opinión sobre un tema que se le ha requerido, se colige en la admisión de sus conclusiones. De allí resulta entonces que se establece la incapacidad física en 20.00% T.O. solo por afección de rodilla y sin compromiso del aspecto psíquico que el perito ha descartado.
Establecida la incapacidad en el 20.00%, se le añade el valor resultante de factores de ponderación según evaluación realizada por el perito médico y que, en síntesis, se admite en 20,00% por dificultad para realización de tareas habituales, 10,00% por recalificación laboral y 02.00% por edad. Pero ello no empece al recálculo del porcentaje final a cargo del Tribunal según procedimiento indicado por el Decreto 659/96; así: 20,00% + 10,00% + 02,00 % = 32.00%, en consecuencia: 20.00%1.320 = 26.40% T.O. porcentaje éste que en definitiva se determina por incapacidad."
"Si tenemos en cuenta que la situación de un trabajador accidentado tiene a nivel constitucional, una doble gravedad, en tanto se encuentran comprometidos los derechos de una persona que tiene especial tutela no sólo como trabajador (art. 14 bis CN) sino también como discapacitado (art. 75 inc. 23 CN), no cabe mas que considerar que el promedio de las remuneraciones anteriores al accidente o manifestación invalidante resulta lesiva para los intereses del mismo.... Por ello nadie puede pensar o sostener que la norma fue redactada y aprobada por el Congreso previendo que, en caso de inflación galopante, resulte correcto y equitativo pagar al accidentado sumas que ya han perdido su valor económico.
En dicho marco conceptual, entiendo, debe declararse la inconstitucionalidad del art 12 de la LRT, en cuanto considera que el ingreso base surge del promedio correspondiente a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio, debiendo tomarse, a los fines de la liquidación, como base de cálculo la remuneración de la actora a la fecha del accidente 11 de junio de 2019, incluyendo, de corresponder, las sumas "no remunerativas", conforme los fundamentos esgrimidos en Expte. N° C-008766/13: caratulado: Riesgo de Trabajo: Mamani, Eusebia c/ Galeno Aseguradora de Riesgo de Trabajo, los que doy por reproducidos."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que expone los fundamentos corresponde al Dr. Hugo C. M. Herrera; el Dr. Diego R. Rivas adhirió expresamente: "Compartiendo los fundamentos esgrimidos, adhiero al voto que antecede." El dispositivo final reproduce la decisión unánime.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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