Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-183.439/2021 (Tribunal Contencioso Administrativo - Sala II – Vocalía 3) Ejecución de sentencia: Cari, José Miguel Santos y Aníbal Massaccesi c/ Poder Ejecutivo – Estado Provincial
El representante del Estado Provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la ejecución de sentencia por diferencias salariales. La Sala III rechazó el recurso y confirmó la sentencia de la Sala II que ordenó la ejecución y pago de $433.537,54 de capital y $104.049,01 por honorarios, por no haberse acreditado el agotamiento de la partida presupuestaria del ejercicio 2021.
¿Quién es el actor?
Dr. Aníbal Massaccesi, en su carácter de apoderado legal del Sr. José Miguel Santos Cari (actor ejecutante).
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo – Estado Provincial (representado por el Procurador Fiscal Dr. Jorge Sebastián Najar).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de sentencia por diferencias salariales (promoción a categoría 24) y honorarios; cobro de $433.537,54 en concepto de capital (más intereses) y $104.049,01 por honorarios.
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y confirmó la sentencia de fecha 24/09/2021 que ordenó continuar la ejecución hasta hacer efectivo el pago de las sumas reclamadas; impuso costas al vencido y diferió la regulación de honorarios por la etapa de ejecución.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Debemos tener presente que el Estado Provincial incumplió al momento de oponer la consolidación de la deuda en cuestión con la acreditación del extremo requerido en el art. 5º apartado V, inciso e) de la ley 5238 que dispone que '….los recursos necesarios para atender el pasivo consolidado del Estado Provincial serán asignados anualmente por la Legislatura de la Provincia en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y se imputarán a los créditos reconocidos de acuerdo al orden de prelación que se establezca'."
"Tal como lo expresara en fallo registrado en L.A. Nº 55, Fº 1679/1683, Nº 533, 'para establecer y sentar como principio que una deuda se encuentra comprendida en los alcances de la consolidación no basta la sola invocación y su determinación, ello debe estar acompañado, como la propia ley lo prevé, del cumplimiento de los requisitos que hacen a su vigencia y exigencia, a cargo del Estado Provincial, y ello es así pues no cabe aceptar la restricción a los derechos constitucionales por la vía excepcional de las leyes de emergencia, ni de ninguna otra que imponga una restricción de derechos, sin que de su lado el Estado otorgue efectivo cumplimiento a las obligaciones a su cargo, también impuestas por el propio ordenamiento legal y el orden público invocado a su favor, esto así, porque su incumplimiento provoca intolerable y notoria injusticia'."
"Conforme lo expuesto, no surge de los instrumentos probatorios agregados en el proceso principal, constancia alguna que acredite el agotamiento de la partida presupuestaria correspondiente al año 2021 y la imposibilidad de pago del crédito del actor. [...] Tal como lo resolvió el-aquo, resulta menester tener presente que lo reclamado por el actor y por lo que fue condenado el Estado Provincial revisten el carácter de deudas salariales y por lo tanto tienen carácter alimentario y debieron ser abonados con fondos del presupuesto correspondiente al año 2021, toda vez que no se acreditó el agotamiento de la partida presupuestaria de ese año."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. González sostuvo que el agravio había perdido actualidad por la incorporación de la acreencia al presupuesto 2022 (resolución 170-F.E./2021) y propuso declarar abstracta la cuestión; en su voto sostuvo que "el crédito ya resulta exigible y el tratamiento del agravio deviene inoficioso". No obstante, el acuerdo mayoritario confirmó la sentencia recurrida.
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