Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-182.510/2021, Tribunal Contencioso Administrativo – Sala II – Vocalía 3) Amparo precautorio: Salinas Pablo Daniel c/ Estado Provincial – Ministerio de Educación
El actor promovió amparo precautorio contra el Estado provincial por la aplicación de sanción disciplinaria (traslado con descenso de jerarquía). La Sala III rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó que no se acreditó el agotamiento de la vía administrativa ni se cumplió el requisito procesal para la procedencia de la tutela cautelar.
¿Quién es el actor?
Pablo Daniel Salinas (con patrocinio letrado de la Dra. Daniela Emilse Márquez).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial – Ministerio de Educación.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo precautorio contra la aplicación de la Resolución Nº 3658-E-21 (sanción disciplinaria de traslado con descenso de jerarquía).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de fecha 29/09/2021, se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios (F.E. $23.760; Dra. Márquez $16.632).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los argumentos vertidos en el escrito recursivo no reúnen los recaudos mínimos exigidos para constituir una crítica razonada y concreta de los puntos del decisorio atacado, por cuanto no dejan de ser una mera disconformidad o discrepancia de la parte recurrente y, por ende, insuficientes para habilitar esta instancia de excepción de acuerdo a doctrina de este Superior Tribunal.
En efecto, las razones expresadas para fundar los agravios no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y derecho tenidos en cuenta para llegar a la decisión cuestionada, más cuando la carencia señalada se traduce en ausencia de tratamiento de aquellos argumentos.
La sentencia cuestionada está dotada de suficientes fundamentos. Tuvo en cuenta la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia que sienta los presupuestos exigidos para la viabilidad de la medida cautelar impetrada. A saber: 1) no encontrarse franqueada la vía contencioso administrativa en razón de no agotarse aún la anterior (administrativa). 2) el peligro de daño irreparable o de difícil reparación ulterior en caso de ejecutarse el acto; 3) que converjan los demás requisitos establecidos para las medidas cautelares, tales como la verosimilitud del derecho invocado y 4) fianza suficiente.
Asimismo, los sentenciantes haciendo un examen de las actuaciones administrativas, concluyeron –acertadamente- que no se cumplía con el primer recaudo. Efectivamente, tal como lo remarcó el Tribunal de grado y la Fiscalía General en su dictamen, la actora promovió recurso de revocatoria, el cual no fue resuelto expresamente por el Ministerio de Educación. Habiendo vencido el plazo para hacerlo, operó automáticamente la denegatoria tácita conforme lo dispone el art. 135 y 123 de la Ley 1886, toda vez que no existe constancia de que la parte interesada haya interpuesto el recurso jerárquico en el plazo que establece el art. 141 (10 días)."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto coincidente de los Dres. González y De Falcone; adhesión y voto con aclaraciones del Dr. Otaola (no existe disidencia).
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