Acción de Inconstitucionalidad – Medida Cautelar: Video Drome S.A. c/ Estado Provincial
El Dr. Ramón Eduardo Nebhen, en representación de Video Drome S.A., solicitó medida cautelar para suspender la aplicación de la alícuota prevista por la Ley 6214 sobre Ingresos Brutos. El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, por mayoría, rechazó la reclamación ante el cuerpo y confirmó la providencia de Presidencia de Trámite que negó la cautelar, por falta de acreditación de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora y por identidad de objeto con la acción principal.
¿Quién es el actor?
Dr. Ramón Eduardo Nebhen, en representación de Video Drome S.A.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Solicitud de medida cautelar que ordene no aplicar la alícuota establecida por el art. 11, punto iv, del Anexo III, Título II, de la Ley 6214 (impuesto sobre los Ingresos Brutos), y en la acción principal, la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma; la actora indicó que, pese a la sanción posterior de la Ley 6225, el interés subsistía respecto de los períodos 01 a 03 del año 2021.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la reclamación ante el cuerpo interpuesta por el Dr. Nebhen y confirmar la providencia de trámite de fs. 42/43 vta. que denegó la medida cautelar.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripciones textuales relevantes (manteniendo el lenguaje del tribunal):
"Entrando al análisis de la cuestión, corresponde recordar que para la procedencia de las medidas cautelares debe acreditarse la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, requiriéndose además, en caso de tratarse de cautelares en contra del Estado, la no afectación del interés público. En el caso bajo estudio, teniendo en consideración que aquello cuya suspensión se pretende es la aplicación de una norma de carácter general, emanada del Poder Legislativo Provincial, corresponde realizar un examen más riguroso al momento de evaluar su procedencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en efecto, ha establecido que el examen de tales requisitos debe realizarse con mayor rigurosidad en casos como el de autos, en razón de la validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069)."
"En cuanto al segundo extremo necesario para el despacho de la medida solicitada, tal como se sostuviera en sentencia registrada en L.A. Nº 1, Fº 73/75, Nº 25, el peligro en la demora se encuentra estrechamente vinculado con un daño inminente e irreparable, resultando imposible o muy dificultoso volver las cosas al estado anterior; sin que tal extremo se verifique en el caso en estudio, especialmente en tanto se trata de interés de carácter estrictamente patrimonial, sin que pueda perderse de vista que el sujeto demandado es el Estado Provincial, cuya solvencia –más allá de los reparos vertidos por la parte actora en su reclamo - no puede ponerse en tela de juicio."
Sobre identidad de objeto y adelanto de jurisdicción:
"De lo antedicho surge de modo evidente que la cautelar, en los términos en que ha sido solicitada por la parte, constituiría un adelantamiento del pronunciamiento de fondo. En tal sentido corresponde señalar que en un fallo reciente se sostuvo que ‘Este Superior Tribunal de Justicia no desconoce los precedentes jurisprudenciales en los cuales se han concedido cautelares que –de algún modo- se adelantan al pronunciamiento de fondo (denominados tutela anticipada), pero resulta prudente señalar que tales medidas han sido concedidas en virtud de las especiales circunstancias de las causas en que se han solicitado, vinculadas en general a la preservación de salud o de la integridad física…’ Es por ello que, conceder la medida cautelar solicitada, importaría un injustificado adelanto de jurisdicción, por lo que corresponde desestimar también el agravio de la actora respecto de este punto."
¿Cómo votaron los jueces?
"En la presente causa se verifican los extremos que determinan la procedencia de la medida cautelar solicitada... la alícuota establecida por la norma cuestionada es susceptible de afectar los derechos constitucionales invocados por el actor en su demanda, particularmente en lo que respecta al derecho a la propiedad... la norma –aunque derogada con posterioridad por la Ley 6225- sigue subsistente por los meses de enero, febrero y marzo del corriente año (cfr. art. 9 de la Ley 6225), razón por la cual podría exigirse a la parte actora el desembolso del tributo por tales periodos. En tal caso, el monto resultante de aplicar la alícuota impugnada es lo suficientemente elevado como para presumir que su inmediata detracción traerá consecuencias inmediatas y mediatas de imposible o muy difícil reparación a futuro... considero que debe hacerse lugar a la medida cautelar solicitada, ordenándose al Estado Provincial que se abstenga de aplicar la alícuota establecida por el art. 11, punto iv, del Anexo III, del Título II, de la Ley 6214, debiendo en su lugar aplicar la alícuota vigente por el periodo 2020, hasta tanto se dicte sentencia definitiva."
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