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Cámara de Apelaciones

Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Salva, Vicente Fernando c/ Estado Provincial

El actor promovió acción contencioso administrativa para que se deje sin efecto el Decreto Nº 2784-MS/21 que dispone la cesantía de Vicente Fernando Salva. La Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda por entender que no se acreditó vulneración del debido proceso ni arbitrariedad en la sanción, y reguló costas y honorarios por $158.400 y $110.880.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 4 (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 4
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-183283/2021
Contencioso administrativo Cesantia Due process Derecho de defensa Nulidad Sancion disciplinaria Proporcionalidad Costas Honorarios Decreto 2784-ms/21.

¿Quién es el actor?

Ezequiel Eduardo Martínez, en representación de Vicente Fernando Salva (DNI 29.494.280).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy), representado por la abogada María Agustina Aparicio.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pretende que se deje sin efecto el Decreto Nº 2784-MS/21 (03/03/21) que dispuso la cesantía del Sr. Salva; se invoca nulidad del acto administrativo y violación del derecho de defensa y debido proceso; se solicitó asimismo medida cautelar de suspensión de los efectos.

¿Qué se resolvió?

Rechazó la demanda; impuso las costas al actor; reguló honorarios profesionales para la representante del Estado Provincial por $158.400 y para el abogado del actor por $110.880, con intereses desde la fecha de la sentencia y IVA en su caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del análisis de las actuaciones administrativas referidas puede advertirse que, al contrario de lo que se denuncia en la demanda, no existió una afectación del derecho de defensa del Sr. Salva, dado que el mismo tuvo siempre y en todo momento participación en la tramitación de las actuaciones sumariales y la correspondiente posibilidad del ejercicio de su derecho de defensa.

En tal sentido y en particular, cabe valorar las constancias de fs. 152 en adelante, de donde surge que el encartado fue notificado en persona de las citaciones efectuadas a los efectos de su defensa, que el mismo optó por no contar con la asistencia de un abogado defensor y que dejó vencer el plazo para efectuar su descargo.

Entonces, no puede en esta instancia el actor pretender nulificar el procedimiento administrativo con fundamento en la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, cuando en realidad tuvo amplia posibilidad de ejercitar el mismo, con lo que cabe concluir que no se ha vulnerado la garantía del debido proceso, la cual -conforme las constancias del expediente administrativo que tengo a la vista- fue respetada por la instrucción sumarial."

"Por otro lado, del análisis de las actuaciones administrativas se puede concluir que la falta imputada al Sr. Salva y la participación de éste en el hecho atribuido se encuentran acreditadas en debida forma, por lo que la sanción que se le impusiera posee razonabilidad y sustento conforme los cargos imputados, con lo que resulta válido y legítimo el acto administrativo que se ataca, lo que veda la revisión que en esta instancia el actor pretende."

Citas textuales relevantes incluidas en el voto:

"Quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable; caso contrario se estaría colocando en un pie de igualdad al particular que se comporta en forma negligente respecto de aquel que actúa con diligencia para proteger sus derechos" (Fallos: 287:145; 290:99) [LA 2 Nº 7].

"Las sanciones disciplinarias que imponga la Administración Pública ... Por tanto, el Poder Judicial, a pedido de parte, sólo hállase facultado para examinar la ‘legitimidad’ del acto, competencia que se extiende a determinar si los ‘hechos’ o ‘antecedentes’ invocados por la Administración ... han o no existido en realidad" (cfr.: Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tº III B).

Voto del Dr. Pedicone (preopinante) y adhesión del Dr. Damiano; no se registran disidencias relevantes en el acuerdo final.

Datos procesales y montos relevantes: Decreto impugnado Nº 2784-MS/21 (03/03/21); expediente principal C-183.283/21; incidente de suspensión C-183.535/21 (medida cautelar rechazada el 08/09/20); honorarios regulados: representante del Estado $158.400; abogado del actor $110.880; UMA considerada $7.920 (mes de octubre de 2023 SMVM $132.000).

Normas que cita

  • Ley 6.112 (Jujuy)arts. 26, 20, 29
  • CCA (Jujuy)arts. 30, 21, 25, 34, 110
  • CPC (Jujuy)arts. 2, 3, 4, 6, 10, 205, 102
  • Resolución 15/23 (Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil)
  • RRDP (Jujuy)arts. 15 incs. a y z, 40 incs. d y g, 26 inc. a
  • Decreto 2784/MS/21 (Jujuy)
  • Resolución 2760-DP-19 (Jujuy)
  • Expediente administrativo 1414-021/20 (Jujuy)
  • Resolución (cita de la norma de la Sala II, CCA, Expte. C-102.861/17) (Jujuy)
  • Constitución NacionalConstitucion nacional

Fallos que cita

  • Viotti Carlos Agustín c/ Estado ProvincialSala II Tribunal en lo Contencioso Administrativo Jujuy
  • Fallos 258:304CSJN
  • Fallos 262:222CSJN
  • Fallos 265:301CSJN
  • Fallos 272:225CSJN
  • Fallos 278:271CSJN
  • Fallos 291:390CSJN
  • Fallos 297:140CSJN
  • Fallos 301:970CSJN
  • Fallos 287:145CSJN
  • Fallos 290:99CSJN

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