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Cámara de Apelaciones

Incidente de caducidad: Municipalidad de Yala c/ AMX Argentina S.A

La Municipalidad de Yala solicitó la declaración de caducidad de la instancia respecto de la demanda promovida por AMX Argentina S.A. El Tribunal hizo lugar al incidente por existir paralización del trámite imputable a la actora y declaró operada la caducidad, imponiendo las costas a AMX y regulando honorarios por $158.400 y $110.880.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 3 (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo-Sala II-Vocalía 3
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-234042/2023
Incidente de caducidad Art. 67 cca Municipalidad de yala Amx argentina s.a. Paralizacion del proceso Costas Honorarios Seguridad juridica Contencioso administrativo Declaracion de caducidad.

¿Quién es el actor?

Municipalidad de Yala (representada por el abogado Enrique Pedro Rovelli López) en el presente incidente.

¿A quién se demanda?

AMX Argentina S.A. (apoderado Jorge Antonio Noceti en los autos principales).

Qué se reclama (Objeto de la demanda/incidente): Se pidió declarar operada la caducidad de la instancia en los autos principales conforme art. 67 del Código Contencioso Administrativo, por paralización del proceso imputable a la parte actora.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al planteo de caducidad, se declaró operada la caducidad de la instancia en los autos principales; se impusieron las costas a AMX Argentina S.A.; se regularon honorarios a favor del abogado de la Municipalidad en $158.400 y al apoderado de AMX en $110.880, con intereses conforme lo dispuesto; y se ordenó dejar constancia en autos y en expediente conexo, protocolizar, hacer saber y archivar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que en dicho precedente se señaló que ‘...ese deber no significa relevar a las partes del cumplimiento de las obligaciones que le son propias y que no sólo es necesario para alcanzar ese fin, sino -tratándose de la actora- para poner en evidencia o, cuanto menos, dar indicios de la subsistencia del interés que la llevó a demandar´ ya que `así como el interés es la medida de las acciones (como reza el viejo aforismo) sólo en tanto perdura, el proceso continúa vivo pues lo contrario provoca mantener latente indefinidamente el conflicto, lo que en nada contribuye al buen servicio de justicia. No es posible soslayar en el análisis del caso, principios del derecho público que le confieren al instituto de la caducidad en el proceso contencioso administrativo un matiz propio. Ello así porque como lo he dicho en el ya referido Expte. Nº 4069/2005, `la presunción de legitimidad, la fuerza ejecutoria y la eficacia de los actos administrativos, así como la necesidad de que éstos adquieran en el menor tiempo posible la estabilidad de la `cosa juzgada administrativa´ en procura de la seguridad jurídica en el ámbito de la Administración Pública, requieren que los procesos en los que se los cuestiona atribuyéndoles ilegitimidad o arbitrariedad, se resuelvan en el menor tiempo posible y no se prolonguen indefinidamente, mucho menos a instancias del administrado que se dice afectado y a espaldas de la autoridad que los dictó...´. Y si bien es incuestionable que la presunción de legitimidad de todo acto administrativo coexiste con su condición de impugnable, lo que supone la posibilidad de ser sometido a revisión no solo en el seno de la administración sino -en principio- de otro Poder del Estado: el Judicial, `el ejercicio de tal prerrogativa por parte de quien intenta quebrar aquella presunción de legitimidad ejerciendo el derecho de impugnarlo, debe sujetarse a las reglas que el ordenamiento procesal tiene previstas para evitar indeseable incertidumbre en el ámbito de actuación de la administración pública´. ‘Porque esa incertidumbre debe prolongarse lo menos posible en cualquier proceso, pero más aún en el contencioso administrativo, la caducidad contemplada en el Código específico (ley 1888) se opera en un plazo sensiblemente inferior (seis meses) al que el Código Procesal Civil prevé para los procesos ordinarios (un año), y una vez declarada confiere validez y firmeza a la resolución cuestionada (art. 71 CCA)” [voto del Juez Sergio González en L.A. 7 Nº 33]."

"Que entendemos que tales condicionamientos se encuentran presentes en el caso de autos, al considerar que el proceso permaneció inmovilizado por un plazo que supera el previsto en el art. 67 del CCA -desde el 11/11/22 al 11/09/23- por la exclusiva responsabilidad de la parte actora, sin que exista un acto a cargo del Tribunal que pueda justificar tal paralización."

"Que por los motivos expuestos, nos pronunciamos por hacer lugar al planteo efectuado por la Municipalidad de Yala y en consecuencia declarar operada la caducidad de la instancia en los autos principales."

Sobre costas y honorarios (transcrito):

"Que, en cuanto a las costas, no existen motivos para apartarse del principio general, por lo que las mismas son impuestas AMX Argentina S.A., atento a la forma en la culmina el proceso (arts. 110, 111 y ccs. del CCA y arts. 204 y 102 del CPC, de aplicación supletoria en virtud de la remisión efectuada por el art. 121 del CCA)."

"Que en consecuencia se regulan los honorarios del abogado Enrique Pedro Rovelli López en la suma de pesos un ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ($ 158.400.-) y los del abogado Jorge Antonio Noceti en pesos un ciento diez mil ochocientos ochenta ($ 110.880.-) que devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago (L.A. 55 Nº 514) conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. 54 Nº 235), con más el impuesto al valor agregado en el caso de corresponder."

Normas que cita

  • Ley 6.112 (Jujuy)arts. 20, 23, 26, 29
  • Ley 1888 (Jujuy)arts. 67, 71
  • CCA (Jujuy)arts. 67, 71, 110, 111, 121
  • CPC (Jujuy)arts. 2, 3, 10, 102, 204

Fallos que cita

  • Huerta c/ Raúl QuintarSTJ
  • Banco de la Provincia de Jujuy c/Emilio Luis MamaníSTJ
  • Julián, Carmen Rosa y Gaspar, Claudia c/Servicios y Mantenimiento, Luis Fernando González y Agua de los Andes S.A.STJ

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